Unidad para apoyar a las víctimas del terrorismo a la espera de un acuerdo sobre su futura ley. La Asamblea de Extremadura acogió ayer el acto institucional de homenaje a las víctimas del terrorismo, que este año se celebra con la participación de todos los grupos políticos (en 2018 el PP no asistió al considerarlo un acto partidista y para el lucimiento del presidente de la Junta) pero con la mirada puesta en la aprobación de una nueva ley regional de reconomiento a las víctimas que la pasada legislatura levantó ampollas entre los partidos.

Memoria, dolor, justicia e historia y dignidad fueron algunas de las palabras que más se repitieron en el homenaje que acogió ayer el hemiciclo de la Cámara, enmarcado en los actos oficiales de conmemoración del Día de Extremadura. Asistieron políticos del PSOE, PP, Ciudadanos, Podemos y también Vox, a pesar de no contar con representación parlamentaria; víctimas (en Extremadura hay 72 reconocidas, 22 de ellas familiares de asesinados), miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y representantes de la sociedad civil.

El acto estuvo presidido por el jefe del Ejecutivo, Guillermo Fernández Vara; la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín; la directora general de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior, Sonia Ramos Piñeiro, y el director del Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, Florencio Domínguez Iribarren. Este último defendió el «ejercicio ejemplar de memoria» que hacen las instituciones al celebrar actos como el que ayer acogió la Asamblea, porque «mientras las familias siguen sufriendo por sus seres queridos asesinados o heridos, hay quienes homenajean a los asesinos».

«La memoria pone nombres y fechas allá donde el terrorismo pone justificaciones imposibles», dijo Domínguez Iribarren, que recordó que ETA ha desaparecido pero no el dolor de las familias ni los heridos que arrastran sus lesiones. Por ello, a su juicio las instituciones «tienen el deber de actuar para cultivar la memoria de las víctimas y no sumarse a las filas de quienes quieren pasar página y olvidar lo ocurrido».

Fernández Vara destacó la capacidad de las víctimas para aguantar la soledad, el silencio e incluso el olvido. El presidente abogó por «seguir insisitendo» para mantener viva la memoria y evitar que una parte de la sociedad, especialmente «la generación que ha nacido sin terrorismo autóctono», pueda pensar que ETA no existió. Señaló además que los homenajes a los etarras que regresan a sus pueblos tras cumplir condena son actos «que avergüenzan» y planteó que allí donde no llega la justicia penal, se aplique «un reproche social intenso».

Al hilo de la cuestión, Sonia Ramos advirtió de que la propaganda y la narrativa de los terroristas y de quienes los apoyan «sigue siendo intensa», y por ello consideró indispensable mantener una «batalla crucial» en defensa del relato aunque ETA haya anunciado su disolución, máxime ante la amenaza que supone ahora el terrorismo yihadista.

Por último, la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, alabó el papel de la Policía y la Guardia Civil y apeló a la unidad de las fuerzas políticas para luchar contra esta lacra. Porque en definitiva, la Asamblea, como sede del poder legislativo, «es el símbolo de la alianza por la memoria y la reparación de aquellos que sufrieron y sufren la barbarie terrorista», afirmó Martín.

NUEVA LEY / El acto de homenaje a las víctimas se celebra en esta ocasión con el trasfondo que supone la aprobación de una nuva ley autonómica de reconocimiento a las víctimas, un tema que en la anterior legislatura levantó ampollas entre partidos políticos y asociaciones de víctimas. El PSOE y Podemos presentaron una propuesta conjunta en febrero que acabaron retirando por la cercanía de las elecciones y las críticas de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que asegura que no se le tuvo en cuenta a la hora de redactar el texto.

Sin embargo, ahora ha sido el PP quien ha presentado su propia propuesta de ley para el apoyo, asistencia y reconocimiento a las víctimas del terrorismo. Según explicó ayer la diputada Inmaculada Sánchez Polo, víctima de terrorismo y miembro de la AVT, se trata de una norma consensuada con las asociaciones a la que Vara «no le puede poner un solo pero». Entre otras cuestiones, amplía a un año el plazo para solicitar ayudas económicas tras un atentado e incrementa en un 30% la indemnización que concede el Gobierno, además de incluir ayudas a la vivienda o becas para estudiar. «Es una ley amplia, abarca casi el cien por cien de las necesidades que tienen las víctimas», dijo Sánchez Polo.

La propuesta acaba de ser registrada en la Cámara y la Mesa aún tiene que calificarla, pero para su aprobación el PSOE apela al consenso. «Esperamos que esto no sea un tema de división, sino de consenso. Ni discrepancias, ni trincheras», dice Lara Garlito, portavoz socialista en la Asamblea, que insta a los populares a «hablar para buscar el pacto».