La unión cooperativa se rompe en Acorex

Traver y Rodríguez Corrales son las cabezas visibles de la pugna que desde hace meses, pequeñas y grandes cooperativas mantienen por la presidencia de Acorex, que no está siendo ajena a la crisis económica y la restricción del crédito bancario. Pese a las diferencias de criterio y la falta de confianza recíproca, la presión ejercida por los trabajadores, que apoyan a Rodríguez Corrales, y el pronunciamiento del Ejecutivo a favor de Traver han empujado a ambos a abrir el diálogo de cara a la asamblea general de socios prevista para el 30 de enero, donde debe quedar zanjado el conflicto.

La división interna de Acorex empezó a ser visible a comienzos de año, tras la dimisión de quienes en la última década habían ocupado los cargos de presidente del consejo rector y director gerente de la entidad, Matías Sánchez y Javier Donoso respectivamente. Ambos alegaron motivos personales, pero tras su marcha se comenzó a hablar de un cambio de ciclo y los cooperativistas mostraron las primeras diferencias de criterio sobre quién debía tomar las riendas de la empresa. Finalmente, en una asamblea general celebrada en marzo, José Gregorio Traver, responsable de la cooperativa Colonos de Gévora, integrada por apenas 60 socios, fue elegido presidente del consejo rector por mayoría.

Hacia una única gran cooperativa extremeña

Traver, que meses antes había dimitido como miembro del mismo órgano directivo, mostró su voluntad de proseguir con la sociedad e impulsar su actividad mediante la unión con nuevas cooperativas. Incluso abrió la puerta a la creación de una gran y única organización extremeña para poder competir en mejores condiciones en el mercado nacional e internacional, un proyecto por el que aboga el Gobierno que preside José Antonio Monago.

"Hay que mirar hacia el futuro. Si estamos viendo cómo se fusionan bancos y grandes empresas, nosotros no vamos a ser menos. No es una tarea fácil ni rápida, pero se tiene que ir hacia delante en ese sentido, poco a poco, aunque necesitamos un tiempo y una concienciación", declaró Traver tras su nombramiento en una entrevista a Canal Extremadura Radio. También expuso su intención de renovar la dirección general y modificar el organigrama de trabajo para hacer más rentable la sociedad. "Vamos a abordar una reestructuración muy grande, de personal, de empresas y de participación", confesó. Pero sus ideas no gustaron a las cooperativas con mayor peso dentro de la entidad.

Los partidarios de su destitución aseguran que las dudas por la situación económica de la sociedad, que este año ha recibido 10 millones de euros de la empresa pública Avante para hacer frente a sus problemas de liquidez, han sembrado incertidumbre entre los cooperativistas y los cerca de mil empleados de la empresa, a quienes se les ha aplicado una reducción de sueldo pactada. Además, algunos de los socios decían no sentirse representados en el consejo rector renovado en marzo y hasta ahora no se ha nombrado a un director gerente de manera oficial. En la práctica, el cargo lo ha estado ocupando Juan Luis Aceitón, antiguo gerente de la empresa cárnica Mafresa, una competidora.

Por otra parte, Traver ha sido muy crítico con la gestión de Matías Sánchez y Javier Donoso, que aún mantienen cierto peso en varias de las cooperativas asociadas y, además, algunos sectores consideran que ha sido colocado en el cargo gracias a su paisano Román Prieto, presidente de Caja Rural de Extremadura, con el apoyo del Ejecutivo autonómico.

Las cinco sociedades más grandes se rebelan

Ante esta situación, las cinco cooperativas más grandes --San Isidro de Miajadas; Amalia de Sajonia, de Santa Amalia; Copal, de Coria; Campiña Sur, de Granja de Torrehermosa y San Agustín, de Obando-- pidieron que en el orden del día de la asamblea general convocada el pasado jueves 5 de diciembre para tratar temas económicos se incluyera la destitución del consejo rector presidido por Traver, que al conocer su intención, decidió desconvocar la junta. Estas cinco sociedades concentran a casi 2.000 agricultores.

Pero la reunión finalmente se celebró. En ella participaron el 70% de los cooperativistas, que con 169 votos a favor y una abstención, eligieron a Manuel Rodríguez Corrales, responsable de la cooperativa San Isidro de Miajadas y la empresa Extremeña de Arroces, nuevo presidente del consejo rector. Esta última es una de las sociedades más innovadoras y rentables de Acorex, y San Isidro de Miajadas es la segunda cooperativa más grande con 501 socios.

Los afines a Traver consideran esta asamblea ilegítima porque se desconvocó en tiempo y forma, pero los que apoyan a Rodríguez Corrales afirman que la reunión es válida y que lo ilegal fue intentar cancelarla horas antes por fax. La tensión fue tal que incluso el subdirector general, Juan Ignacio Díaz (partidario de Traver y después nombrado director), dijo que el miércoles fue agredido en su despacho por el letrado de Acorex, Angel Zapata, que habría sido despedido y readmitido después. Los críticos mantienen que el ataque no se produjo y que, tras el despido, se cambió la cerradura de su oficina en Mérida para impedir el acceso a la documentación necesaria para celebrar la asamblea al día siguiente. Con Rodríguez Corrales al frente, las grandes cooperativas tomaban el control.

Finalmente, la asamblea ha sido declarada ilegítima por la Dirección General de Trabajo del Gobierno regional, que el pasado lunes denegó al nuevo consejo rector presidido por Rodríguez Corrales la solicitud de inscripción en el Registro de Sociedades Cooperativas. Según explica en la resolución emitida, en base a la Ley de Sociedades Cooperativas de Extremadura, la reunión del 5 de diciembre no debió celebrarse puesto que dos días antes había sido desconvocada por el único órgano competente, el consejo rector presidido por Traver. Además, ese mismo 3 de diciembre ya se aprobó la fecha de la nueva convocatoria, el próximo 30 de enero y, posteriormente, se comunicó a los socios en tiempo y forma la cancelación de la cita del día 5. El Ejecutivo dictamina por tanto que el legítimo presidente de Acorex sigue siendo Traver.

El Gobierno regional amaga con la intervención

Tras pronunciarse al respecto, la Junta recordó a los socios y responsables de la agrupación de cooperativas que a través de Avante ha inyectado 10 millones de dinero público a la empresa y que actualmente se está desarrollando un plan de viabilidad que resulta imprescindible para garantizar el empleo y el futuro de la entidad. Un plan del que, según el Gobierno regional, depende también la estabilidad del sector agroalimentario extremeño, por lo que exige a Acorex que sea especialmente cuidadoso con cualquier actuación que pudiera afectar al mismo.

En este sentido, en el pleno celebrado el jueves en el Parlamento regional, Monago afirmó que el Gobierno autonómico "no entra" en quién tiene que presidir el grupo, pero recordó que dispone de recursos e instrumentos jurídicos y financieros para actuar si Acorex se aleja "del interés general". Al respecto, la vicepresidenta y consejera de Empleo, Empresa e Innovación, Cristina Teniente, señaló el martes tras el Consejo de Gobierno que el debate no debe ser ni de personas ni de pequeñas o grandes cooperativas, sino de proyecto, porque el objetivo es que la mayor empresa de la región sea viable y competitiva.

Al margen de las advertencias de la Junta de Extremadura, el mismo lunes que se declaró ilegítimo el consejo rector votado en la reunión del jueves previo, los trabajadores de Acorex celebraron una asamblea en la que se postularon a favor de Rodríguez Corrales y convocaron paros parciales diarios frente a las puertas de la sede del grupo en Mérida para presionar a ambas partes y empujarlas al diálogo.

"Pensamos que lo que propone Rodríguez Corrales es mucho mejor de lo que hay, porque es que hasta hoy no ha habido nada", indica el representante de UGT en Acorex, Isidoro Villarreal, que aseguró que la crisis de liderazgo mantenía prácticamente parada la entidad. Desde CCOO, sin embargo, el secretario regional de la Federación Agroalimentaria del sindicato, Francisco Corbacho, atribuye el pronunciamiento al "calor" de la situación y cree que ha sido un error que los trabajadores se postulen. Pide que, en un futuro, no se tomen represalias contra ellos. "No son los trabajadores quienes tienen que poner o quitar presidentes", apunta convencido.

Ambas partes ceden y se abren al diálogo

Al respecto, el presidente del comité de empresa, Antonio Soto, comenta a este diario que los empleados están viviendo la ruptura "con una preocupación tremenda", pues es precisamente en la unión cooperativa donde reside el futuro de la sociedad. Por tanto, "irán a muerte" con el nuevo presidente del consejo rector, sea quien sea.

El representante del comité asegura que en la medida de lo posible las tareas se están desarrollando con normalidad, pero que es cierto que ante la situación que se está viviendo, las cooperativas han decidido no ceder algunos productos como maíz, arroz o trigo, que ya comienzan a escasear. "Es lógico pensar que se trate de una medida de presión, pero también es cierto que el precio del maíz ahora es desastroso y puede ser que los agricultores estén tratando de hacer algo", apunta Soto.

La presión ejercida por la Junta y los empleados, que exigen a los socios a llegar a un acuerdo; la incertidumbre de los agricultores que tienen que vender sus cosechas y la práctica paralización de la producción han empujado a Traver y Rodríguez Corrales a abrir el diálogo. El miércoles iniciaron los contactos con el objetivo de pactar un candidato de cara a la asamblea general del 30 de enero, que podría adelantarse como piden algunos socios y el propio consejero de Agricultura, José Antonio Echávarri.

Pese a destacar la buena voluntad de ambas partes, el propio Rodríguez Corrales vaticina que el proceso será largo y complejo, ya que es difícil renunciar a los postulados y la negociación parte de la falta de confianza recíproca. Por su parte, el consejo rector presidido por Traver aclaró esta semana en rueda de prensa que intentará acercar posturas en el conflicto, aunque no descartó acudir a los tribunales si no se llega a una solución amigable. El propio Traver asegura que su equipo ha trabajado "mucho y en silencio" durante estos casi ocho meses, y asegura que si el sentir de la mayoría es que renuncie al cargo, no pondrá ningún obstáculo. "Si estoy aquí es porque la gente quiera que esté y porque crea en este proyecto", dijo.

Pese a los que apuntan lo contrario, Traver se muestra convencido de que no hay peligro de escisión en Acorex y considera "un farol total y absoluto" la amenaza de las grandes cooperativas de abandonar el grupo agroindustrial.