Uno de cada cinco asalariados del sector público en Extremadura supera los 55 años de edad. En concreto, de acuerdo a los datos de la última Encuesta de Población Activa, la del cuarto trimestre del 2017, de los 94.700 trabajadores a sueldo de las diferentes administraciones que hay en la región, 20.500 (un 21,6%) han cumplido ya esa edad.
El recorte en las ofertas de empleo ha evitado que trabajadores jóvenes se hayan ido incorporando a la función pública en lugar de quienes iban abandonándola, en su mayor parte por jubilaciones. En este sentido, si se comparan los datos del INE de cierre del pasado año con los que se contabilizaban al finalizar el 2010, quedan claras dos tendencias. En primer lugar, la de reducción de los efectivos (que entre una y otra fecha pasan de 101.600 a 94.700 entre todas las administraciones, un descenso del 6,8%). En segundo, un desplazamiento hacia los tramos de mayor edad. Si hace siete años el grupo de los menores de 35 años lo integraban 31.200 trabajadores, casi un tercio del total, siete años después eran 17.300, un 18,3%. Por contra, en el 2010 los mayores de 55 años eran solo 14.900, un 14,7%).
En el conjunto del país, las cifras de la EPA —que incluyen tanto los funcionarios como los contratados laborales, ya trabajen con carácter fijo o temporal— muestran también una clara tendencia al alza en la edad media de los empleados públicos. Cuatro de cada diez asalariados públicos españoles pasan ya de los cincuenta años. En términos porcentuales, entre 2010 y 2017 la subida roza los diez puntos (del 32,7% al 42,4%).
Si bien es cierto que la mejora de la situación económica está abriendo la puerta a un aumento de la oferta de empleo público, lo que previsiblemente permitirá la llegada a las administraciones de empleados de menor edad, desde los sindicatos se advierte de que, mientras no se comiencen a recuperar los puestos destruidos durante la crisis, esto será insuficiente para detener el envejecimiento de las plantillas.
José Ignacio Luis Cansado, secretario de Acción Sindical de FeSP-UGT Extremadura, incide en que el principal factor que ha llevado a esta situación ha sido «la congelación de las ofertas de empleo público». «Hemos tenido muchos años, sobre todo en la administración general, en los que la tasa de reposición ha sido de cero o, en todo caso, del 10%, lo que ha ido creando una necesidad evidente», resalta. En este sentido, subraya que hay que «eliminar las tasas de reposición» y propiciar la creación de «empleo neto».
Aparte de la parálisis en las oferta de empleo público, explica, al aumento de la edad media de quienes trabajan en el sector público han contribuido otras dos circunstancias. Por un lado, que en el caso de la Junta de Extremadura «la mayor parte de las ofertas de empleo más numerosas» se efectuaron «a finales de los ochenta y principios de los noventa» por lo que, en muchos casos, quienes ganaron entonces sus plazas van acercándose ahora a la edad de jubilación.
Por otro, el que no se haya desarrollado la posibilidad de acceso de los funcionarios a la jubilación parcial, que hubiera permitido la entrada de trabajadores de menor edad al menos durante parte del año. El Gobierno eliminó en 2012 esta opción, que había sido prevista en el Estatuto Básico del Empleado Público.
SITUACIÓN DE «EMERGENCIA» / «Llevamos años denunciando las políticas de no reposición de los trabajadores que se están jubilando», sostiene Benito Román, presidente de CSIF Extremadura, para quien la situación puede calificarse de «emergencia». Este sindicato reclama un plan que permita reforzar y rejuvenecer las plantillas públicas «porque es la única manera de que la calidad de los servicios públicos y básicos de nuestra comunidad no se vean afectados», agrega. «Durante los últimos años la tasa de reposición para lo único que ha servido es para reducir de forma considerable las plantillas», lamenta.
En este sentido, Román hace hincapié en que «el problema no está solo en el envejecimiento, está en el recorte tan brutal que se ha ido practicando en la administración pública en los últimos años, lo que ha hecho que la carga de trabajo sea más que considerable en todos los ámbitos», sostiene. «El más claro ejemplo es que sigamos reivindicando el tema de las 35 horas, que lo que se ha hecho es recargar de trabajo de forma más que considerable e indiscriminada a sectores básicos y esenciales de nuestra sociedad».
Desde ambos sindicatos se recalca la conveniencia de abrir un debate para establecer qué plazas son necesarias en la administración y, a partir de ahí, «que las ofertas de empleo público vayan destinadas a reponer lo que realmente sea necesario, ni una plaza de más pero tampoco ni una plaza de menos», defiende Román. Desde este sindicato, se cifran en 11.000 los puestos necesarios solo dentro del ámbito de la Administración autonómica si se quiere reducir la media de tasa de temporalidad del actual 21% al 8%.
