Los ingresos mensuales de prácticamente uno de cada tres extremeños dependen directamente de las administraciones públicas. Tan solo entre pensionistas, funcionarios y personal laboral de este tipo de organismos, la comunidad autónoma cuenta con más de 320.000 personas cuyas rentas proceden de las arcas públicas, una cifra que crece año a año debido a fenómenos como el envejecimiento de la población, la extensión de los servicios sociales y el crecimiento de las instituciones.

En estos momentos en la región ya hay cerca de 103.700 ciudadanos que trabajan para el Gobierno central, el autonómico, las diputaciones provinciales, las mancomunidades, los ayuntamientos o la universidad, de acuerdo con los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). No todos son funcionarios. En esta cifra se incluyen los componentes de las Fuerzas Armadas, integrantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, policías locales, altos cargos políticos o los trabajadores de las empresas públicas, como por ejemplo la plantilla de Canal Extremadura, Televisión Española, Radio Nacional o la Agencia EFE.

En los últimos años este tipo de ocupación no ha parado de crecer, hasta el punto de que en estos momentos uno de cada cuatro ocupados en Extremadura (409.200) es empleado público. Se trata de una de las proporciones más altas de España, muy por encima de lo que indica la media nacional (17%)

Pero la cifra aún puede ser mayor. De hecho, las ciudades de Cáceres y Badajoz están acogiendo, entre ayer y hoy, nuevas pruebas selectivas para el ingreso en el cuerpo de auxiliares de la Administración General del Estado. En todo el país son un total de 68.392 personas que optan a uno de los 4.197 puestos ofertados por el Ejecutivo central.

220.000 PENSIONISTAS Pero no solo crece el funcionariado. También lo hace el volumen de pensionistas. En estos momentos, de acuerdo con las últimas estimaciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en Extremadura hay más de 200.000 pensiones contributivas, que son aquellas concedidas a través de la Seguridad Social (invalidez, jubilación, viudedad, orfandad y situación familiar). A ellas hay que sumar las no contributivas --para aquellos ciudadanos que se encuentran en una situación de necesidad y cumplen los requisitos económicos exigidos--, unas ayudas de las que se benefician 16.350 personas en la región.

En los últimos 10 años las pensiones contributivas se han incrementado en el orden de un 7%, al pasar de 187.000 a principios de 1997 a las 200.400 en vigor el pasado mes de abril. De esta forma, sumadas unas y otras, actualmente el 20% de la población extremeña percibe algún tipo de pensión y la cifra podría aumentar con las nuevas iniciativas legislativas, como por ejemplo la aplicación de la Ley de Dependencia. Según las estimaciones de la Junta, 6.700 personas en la región --todos ellos "grandes dependientes"-- podrán beneficiarse a partir de este mismo año de las ayudas previstas en esta normativa

Pero a estas cifras también hay que sumar las rentas por desempleo, unas ayudas que perciben unos 50.000 extremeños.

De esta forma, si se resta los empleados públicos al número total de ocupados, los habitantes de la región que cobran del Estado (370.100 entre funcionariado, contratados por las administraciones, pensionistas y parados con subsidio por desempleo) ya superan en número a los empresarios y asalariados de las organizaciones privadas (360.000).