UPA ha rechazado que las organizaciones profesionales agrarias o los productores estén implicados en el pacto de precios del tabaco, y asegura que las investigaciones de la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea lo que han puesto en evidencia es la irregularidades cometidas por las empresas del sector para repartirse el mercado.

Respecto a la negociación de los precios entre productores e industriales a través del contrato homologado, que también figura en el informe de Competencia, UPA apunta que dicho contrato, que implica a su vez un acuerdo en los precios es "auspiciado e instado desde el Ministerio de Agricultura", tal y como ocurre, según la organización agraria, con cultivos como el tomate o el pimiento. Asimismo, y como prueba de la transparencia y respaldo de estas prácticas, UPA apunta que las reuniones se celebran en la sede del propio ministerio.

Por otra parte, el documento contractual establece, siempre según la organización agraria, tres tipos de precios obligatoriamente, uno para cada variedad de tabaco, así como las características y calidad que debe reunir el producto "siendo obligatorio presentar dicho documento firmado por las partes antes del 30 de mayo para poder percibir la prima comunitaria correspondiente".

Por tanto, desde UPA se insiste en que no se puede achacar responsabilidad alguna ni a los agricultores ni a sus representantes. A juicio de esta organización, la única responsabilidad debe recaer en las empresas transformadoras "que de manera tan vergonzante han pacto el reparto del mercado atendiendo a sus propios intereses". Para la asociación que dirige Lorenzo Ramos, la situación se agrava cuando los industriales "tratan de implicar a las organizaciones agrarias y los productores en la investigación de la Comisión, en un intento de disimular su propio escándalo".