UPA-UCE criticó ayer que sus dirigentes regionales Ignacio Huertas y Maximiano Alcón continúen aún en prisión cuando hay un «ladrón confeso», en alusión a Miguel Apolo, que reconoce en sus declaraciones que ha robado a la organización, unos «400.000 euros» durante ocho años, y que permanece en libertad. Así se expresó ayer en rueda de prensa el secretario general de UPA-UCE, Lorenzo Ramos, junto al portavoz regional de la organización, Antonio Prieto, quien reconoció que tras detectar estos robos, Huertas y Alcón cerraron un acuerdo «de confidencialidad» con Apolo para que devolviera las cantidades sustraídas. «Parece ser que gran parte de ese dinero ya lo ha devuelto», afirmó Lorenzo Ramos, según el cual no se denunció a Apolo por estos hechos para no perjudicarle profesionalmente porque de haberlo hecho, «a lo mejor no hubiera podido trabajar nunca más», informa EFE.

Ramos defendió que los dirigentes regionales eran asesorados y «confiaban plenamente» en esta persona, a la que se contrató por su «experiencia», pero quien se aprovechó de su situación para «robar» a la organización tras apropiarse de las «claves y tarjetas bancarias». Además, en la declaración de impuestos, supuestamente habría declarado «cantidades mucho mayores» para luego en una paralela, exigir la devolución de ese dinero que «mandaba a sus cuentas». Apolo, gerente de la empresa de asesoramiento que contrató la entidad agraria, es una de las siete personas que inicialmente fueron detenidas en el marco de la Operación Tellus que investiga presuntos delitos de blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, falsedad documental y organización criminal. En su declaración ante sede judicial, según Ramos, ha quedado «absolutamente demostrado» el delito de haber robado a la organización, mientras que «no está demostrado» que UPA-UCE haya cometido «ningún delito».

A la organización se le acusa de no haber hecho los expedientes de asesoramiento agrario, y se puede constatar que «se han hecho todos esos expedientes y que han sido supervisados por la administración» que ya ha remitido la documentación requerida.

Ramos recalcó que la organización «no tiene nada que ocultar», seguramente «algún error» habrá cometido en la gestión de estos expedientes que suponen «el 27 %» del total de los tramitados en la región, pero no ha habido «corrupción» ni se han movido «cantidades multimillonarias que vengan de ninguna parte». De hecho, aseguró, está previsto que esta tarde se reúna el Comité Regional, al que asisten representantes comarcales para aprobar el presupuesto que «no llega a los 2 millones de euros», dijo.