La organización agraria UPA-UCE Extremadura valora negativamente la propuesta de la Comisión Europea sobre la reforma de la OCM del vino, que perjudicará a los viticultores extremeños, ya que a su juicio, "han sido escasos los cambios introducidos respecto a la alternativa favorita de la Comisaría de Agricultura, Mariann Fischer, dentro de las contempladas en la Comunicación de la Comisión presentada en junio del pasado año", según la agencia Europa Press. El secretario regional de esta organización, Ignacio Huertas, explica que esta propuesta será debatida a lo largo de los próximos meses con la previsión inicial de que la nueva norma sea vigente a partir de la campaña 2008/2009. Así, lamenta que la comisión opta por un "acelerado desmantelamiento de la OCM actual", añadiendo planteamientos liberalizadores que tendrán como consecuencia, de aprobarse en los términos propuestos, "un fuerte descenso de la renta de los viticultores que a su vez ocasionarán un acelerado abandono de la actividad y un mayor declive de las zonas rurales con una economía y territorio predominantemente vitivinícola". De hecho, Huertas insiste que la comisión propone la eliminación de la práctica totalidad de medidas de gestión de mercado, entre las cuales se encuentran las destilaciones para alcohol de uso de boca, las destilaciones de crisis, los apoyos al almacenamiento o las ayudas al mosto. Además, recuerda que todas estas medidas han sido muy utilizadas por nuestro país, en especial las relativas al alcohol de uso de boca de los cuales España se ha beneficiado para destilar una media de más de 7 millones de hectolitros por año sobre un total europeo de unos 12 millones de hectolitros. En cuanto a las ayudas al mosto, con un incremento de 5 millones de hectolitros en España, supondrían, a juicio de UPA-UCE, un grave perjuicio para un producto con grandes expectativas y potencialidad. "La eliminación de estas medidas originaría un fuerte exceso de la oferta lo que redundaría a un mayor hundimiento de precios de la uva". Por otro lado, UPA-Uce muestra su rechazo el trasvase de presupuesto hacia medidas de desarrollo rural, de 100 millones de euros el primer año hasta los 400 en 2015 sobre un presupuesto anual total de 1.300 millones de euros, "ya que supondría en definitiva una pérdida de financiación en el seno de la propia OCM con respecto a la situación actual y una dilución final de dichos fondos entre la gran heterogeneidad de medidas en la política de desarrollo rural". Finalmente, UPA-Uce asegura que "no puede admitir la liberación de los derechos de plantación propuesta a partir de 2013", una medida que sí ha sido reivindicada desde siempre por la industria pero que a su juicio, "perjudicaría notablemente los intereses de las pequeñas y medianas explotaciones vitícolas, y que con toda seguridad ocasionaría una intensificación e incremento de la producción en detrimento de los precios pagados por la uva".