UPA-UCE Extremadura aseguró ayer que están llegando a los agricultores denuncias de hasta 6.000 euros relacionadas con el transporte en la pasada campaña, que se basan en los datos que industrias, cooperativas y secaderos han enviado a la Junta, algo que la organización tacha de "dudosa legalidad". En rueda de prensa, su secretario general, Ignacio Huertas, precisó que la Administración "ha obligado" a las cooperativas, industrias y secaderos a enviarles estos datos. Estos hechos están siendo estudiados por los servicios jurídicos de la organización agraria para ver si se incurre en un delito de vulneración de la ley protección de datos, afirmó. Huertas detalló que lo habitual es que estas denuncias se formalicen por inspectores o agentes que realizan controles in situ , quienes tienen "presunción de veracidad", cuando de la otra forma las denuncias se basan en datos "de terceros", "entes privados".

Las denuncias, registradas tanto en la zona de Vegas Altas como en las Vegas Bajas, están relacionadas con cuestiones como haber sobrepasado la carga autorizada del vehículo o que éste fuera conducido por una persona distinta del titular, añadió.

Sin embargo, desde la Dirección General de Transportes se aseguró ayer que no se está sometiendo a los agricultores extremeños a un proceso específico de inspección y se garantizó que todo profesional del campo que transporte su cosecha respetando la normativa no debe tener temor a ser sancionado.