La organización agraria UPA-UCE reclama un marco de regulación del tomate ante el inicio de la primera campaña en la que este cultivo estará liberalizado.

Según el secretario general de UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas, hasta el año pasado existía la obligatoriedad de hacer un contrato entre industria y productores, que ha dejado de existir, siendo la primera campaña en la que el sector se enfrenta a una total desregulación del sector.

Huertas resalta que o se crea un marco de interlocución para crear una situación mínima para que haya un contrato homologado "o vamos a ir a una liberación total que va a provocar inestabilidad y pérdidas que va a conducir a su vez al agricultor a otros cultivos"

Ese marco de regulación debería prever una fecha de contratación, que debe estar en torno al 15 de febrero para que pueda haber una planificación en la siembra.

Asimismo, debería recoger planteamientos de calidad con una media real de producción y contemplar la existencia de unos mecanismos de seguimiento y control.

En este sentido, Ignacio Huertas sugiere la recuperación de la comisión de seguimiento del tomate que ejerza labores de arbitraje en el sector.

El secretario general de UPA-UCE Extremadura efectúa un llamamiento a todas las partes, cooperativas, administraciones e industrias, para que "no se vaya al traste todo lo que se ha conseguido en estos años".

En el marco de regulación, Huertas reivindica también que se aseguren unos precios del producto por encima de los costes de producción, que actualmente pueden estar en 80 euros por tonelada de tomate, con el fin de que los agricultores no se vayan a otros cultivos, por ejemplo al maíz, y "nos carguemos un sector importante, lo cual no interesa a nadie".

Por otra parte, Huertas menciona el sector de la fruta, que, en su opinión, se ha profesionalizado mucho, está abriendo nuevos mercados como México y Canadá, pero sigue teniendo un problema estructural, el de los escasos márgenes comerciales.

A pesar de que los agricultores entregan su fruta en junio, julio, agosto y septiembre no conocen el precio hasta noviembre y diciembre.

Por último, exige una mayor transparencia al sector con contratos que referencien precios en los plazos de entrega y que se establezcan mecanismos de regulación de crisis que puedan controlar situaciones problemáticas que atenúen la variabilidad de precios que puede llevar a la quiebra en años puntuales a muchas explotaciones.

También propone la creación de un marchamo de calidad de la fruta de Extremadura para que se potencie el reconocimiento del producto, que ya de por sí tiene mucha calidad.