La organización agraria UPA-UCE insta a las multinacionales a que aclaren si les interesa el tabaco extremeño y en qué cuantía, dado que el periodo de contratación finaliza el 15 de marzo y aún "no han dado un paso".

El secretario general de UPA-UCE, Ignacio Huertas, denuncia la "incertidumbre" que vive el sector debido a que la industria aún no ha manifestado sus previsiones de contratación. Argumenta, según la agencia Efe, que la Administración y los productores ya han hecho sus deberes con la aprobación de un plan de apoyo dotado con 160 millones de euros y un compromiso "férreo" de reestructuración del sector.

Pero frente a ello, "lo que tenemos por parte de la industria son vagas palabras y ningún hecho concreto", asevera Huertas, para quien existe un "inmovilismo total" que sume a los agricultores en la "incertidumbre".

A su juicio, se pone también en riesgo un cultivo que fija a la población en el medio rural y emplea a mano de obra femenina en un 50-70 por ciento, por lo que ha exigido a las multinacionales que "digan ya si les interesa nuestro trabajo y qué cantidad".

Entre ellas, menciona al grupo Imperial Tobacco, que compra el 45 por ciento de la producción extremeña; Philip Morris, que lo hace en un 20 ciento, y Japan Tobacco Internacional, con un 35 por ciento.

Asimismo, manifiesta la disposición de los productores a sentarse a negociar "directamente" con estas empresas y ha pedido a la Administración que intermedie citando a las dos partes.

"Aquí tenemos un escenario y un límite de tiempo, el 15 de marzo", por lo que hay que iniciar el diálogo de forma inmediata. Huertas recuerda además que las últimas modificaciones fiscales han permitido a las multinacionales tener "más beneficios que nunca" y que la demanda de tabaco en el mundo ha aumentado.

En caso contrario, advierte que el sector productor podría perder un año en su proceso de reestructuración "por una no clarificación de las posiciones".

Huertas demanda también que los precios de compra deben cubrir los costes de producción, que cifra entre 2,50-2,70 euros por kilogramo, un coste que no se ha cubierto en campañas anteriores porque, por ejemplo, por la variedad Burley se ha abonado sólo 1,80 euros por kilo.

Por ello, exige que los nuevos contratos cubran no sólo estos costes, sino que los superen para pagar el salario del productor -unos 2.400 en Extremadura-, algo que, según sus cálculos, se conseguiría destinando 1,9 céntimos de euro a este fin por cada cajetilla de tabaco.

Por último, defiende la competitividad del tabaco español y que su calidad es igual a la de otras producciones europeas, algo que no ha impedido que haya sido víctima de un precio "inferior" en los últimos años.