La organización agraria UPA-UCE Extremadura recurrirá la orden judicial de embargo de sus bienes y varios de sus dirigentes por parte de la titular que lleva el caso ‘Tellus’ por el fraude en el cobro de subvenciones, ya que la considera es «injustificada, desproporcionada y extemporánea».

Así lo aseguró ayer el secretario general de UPA-UCE, Ignacio Huertas, en una rueda de prensa en la que también analizó la situación del sector ganadero y la sequía que afecta a la región. La titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Mérida estableció el pasado 20 de diciembre de 2016 el pago de una fianza por importe de 5,4 millones de euros para varios dirigentes de UPA-UCE, que fueron recurridos por la organización y que ahora desestima la jueza. Huertas aseguró que es «desproporcionado» llevar a efecto, nueve meses después de que se dictara el auto, el embargo de sus bienes, ya que la instrucción incorpora «muchas novedades que confirman que la organización actuó correctamente y conforme a la normativa en la prestación del servicio de asesoramiento», informa Efe. Entre esas novedades destacó el informe que aportó la Junta de Extremadura, a requerimiento judicial, en el que «se ponía de manifiesto que UPA-UCE realizó correctamente los asesoramientos», y que sus expedientes, como el del resto de entidades de asesoramiento, «fueron sometidos a exhaustivos controles administrativos y controles de campo, de los que no se desprendió ningún tipo de irregularidad», señala la entidad.

Entre otras cuestiones, UPA-UCE recuerda que en los últimos días se han producido numerosas declaraciones en sede judicial, tanto de técnicos de la organización como de la Junta, que realizaron inspecciones de campo sobre los expedientes de asesoramiento «que vienen a confirmar la correcta realización del asesoramiento», insistió.

En este sentido, señaló que, «a día de hoy, no es posible afirmar» que la organización profesional agraria no prestó los servicios de asesoramiento y, por tanto, no se puede aprobar un embargo que «da por hecho la inexistencia de dichos asesoramientos». A su juicio, la decisión judicial vulnera la presunción de inocencia y afecta al «adecuado funcionamiento constitucional» de UPA-UCE.

El dirigente de la organización agraria precisó que la materialización del auto tendría consecuencias, no sólo para la OPA, sino también «para los miles de agricultores y ganaderos extremeños a los que la organización representa, defiende y presta servicios profesionales indispensables». Y es que, según señala UPA-UCE, esta organización «tiene encomendadas relevantes funciones de carácter social», cuya actuación ha sido ratificada por miles de agricultores y ganaderos extremeños que «le otorgaron hace sólo unos meses la condición de organización agraria más representativa en el proceso de medición de representatividad de las OPAS en Extremadura», recoge Europa Press. Finalmente, la organización ve «improcedente» la exigencia de cubrir garantías por «un supuesto perjuicio inexistente a día de hoy, ya que la Junta no se ha manifestado perjudicada, ni ha reclamado nada, ni ha exigido la aportación de garantías», concluyó.