Cuando parecía que el conflicto de la Isla de Valdecañas estaba en su recta final, llegan de nuevo las dudas tras el auto del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) de la semana pasada. En este, como informó ayer este diario, el tribunal extremeño pide al Constitucional que dictamine si la modificación de la ley del suelo que se hizo 20 días después de la primera sentencia que obliga al derribo del complejo turístico es constitucional o inconstitucional. El TSJEx lo tiene claro. Considera que vulnera la normativa básica estatal que prohíbe construir este tipo de complejos en suelo protegido (la isla es zona Zepa) y que, además, los cambios en la normativa se hicieron con el único fin de legalizar de nuevo el Proyecto de Interés Regional (PIR) de Valdecañas después de la sentencia de derribo. Pero quiere que sea el Constitucional el que lo dictamine. «Utilizando un símil de Semana Santa, lo que ha hecho el tribunal extremeño es lavarse las manos como Pilatos y que se lo diga Herodes», ironiza el abogado de los propietarios, Luis Díaz-Ambrona.

¿Y cómo podría afectar este proceso del Constitucional ahora a la fase de ejecución de la sentencia de derribo que se está dilucidando en estos momentos? ¿Habrá que esperar a su pronunciamiento? Es difícil saberlo a ciencia cierta y por eso, lo que sí parece claro es que habrá controversia porque ambos procesos, aunque paralelos, están irremediablemente vinculados. «Mi opinión es que esta cuestión de constitucionalidad no afecta al incidente de ejecución o no de la sentencia de derribo, aunque una vez que este incidente esté resuelto puede ser que lo que se dictamine, si es demolición absoluta, parcial o ninguna, quede en suspenso hasta que el Constitucional resuelva y eso puede tardar unos dos años», apunta Díaz-Ambrona. Aún así, el abogado no cree que se llegue a esa situación porque confía en que el TSJEx no ejecute la demolición. «Sería un dislate». Si no hay demolición, la posibilidad que baraja es que haya algún pronunciamento para compensar el daño ambiental de alguna forma. «Así, diga lo que diga el Constitucional eso estaría ahí». Por eso, será determinante la decisión final del TSJEx sobre cómo se ejecuta la sentencia de demolición.

Sin embargo, la abogada de Adenex, Mª Ángeles López, tiene claro que el proceso del Constitucional no afectaría a la ejecución de la sentencia de demolición, «no se tendría ni que esperar a esa resolución». Recuerda, además, en que el TSJEx no muestra dudas sobre la inconstitucionalidad de la ley de suelo que permitió homologar el PIR de Valdecañas. «El auto es claro». A su juicio, los procesos en marcha están vinculados y su tramitación en paralelo puede ofrecer dudas de interpretación, «pero lo pelearemos si se llegan a plantear». Insiste en que «son vías separadas porque una cosa es la inconstitucionalidad de una ley para sacar la norma del ordenamiento jurídico y otra cosa es que eso se haya hecho para no cumplir una sentencia. Y en eso nos amparamos para decir que no se puede suspender la ejecución del fallo».

«Es cosa juzgada y hay sentencia firme», se limitó ayer a decir el presidente de la Junta, que mostró su respeto por las decisiones judiciales. La última del TISJEx es enviar el caso Valdecañas, ahora, al Constitucional.