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las reacciones al veredicto del TC

Vara espera, el PP se justifica

 

21/11/2019

Tanto el PSOE como el PP, los dos únicos partidos que convivían en la Asamblea de Extremadura en el año 2011, dieron el visto bueno a la reforma legal que, en una parte, acaba de anular el Constitucional. Por eso, buscar reacciones de ambos partidos se convirtió ayer en un objetivo de los periodistas. Por la parte institucional, fue el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, el primero que se pronunció al respecto. El líder del Ejecutivo regional, que también lo era en el 2011, mostró ayer su «respeto» al fallo del Tribunal Constitucional y recordó que hay que esperar a que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura resuelva ahora definitivamente la ejecución de la sentencia de derribo que pesa sobre el complejo turístico cacereño. «Para eso está el Tribunal Constitucional, para valorar si se adecua en todo o en parte a la Constitución», dijo.

Desde el Partido Popular, la diputada Pilar Pérez quiso ayer justificar el apoyo de su partido a la reforma legal que se llevó a cabo en la Cámara extremeña en el 2011. Aseguró que se votó a favor para evitar que se limitase el crecimiento de la región «por un exceso de protección ambiental». Asimismo, a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en Mérida, aclaró que esta modificación legal no la inició el Gobierno del PP de José Antonio Monago, pues «viene de gobiernos socialistas anteriores», informa Efe.

Desde el grupo parlamentario Ciudadanos, la diputada Marta Pérez aseguró que respetan la sentencia aunque consideran que «pone freno al desarrollo económico regional y no es lo más conveniente». Defendió ayer que el desarrollo de la zona de Isla de Valdecañas ha sido «notable; solo habría que darse una vuelta y hablar con los alcaldes de los municipios para saber si realmente allí ha llegado el progreso y el desarrollo económico como a nosotros así nos consta».

Por su parte, la portavoz del grupo parlamentario Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, fue la más crítica y avanzó que su grupo no descarta pedir dimisiones tras el fallo del Constitucional. «El PSOE y el PP urdieron una modificación legal insultante a sabiendas de que era ilegal para beneficiar al empresario de turno y a cuatro ricachones que querían una vivienda de lujo a menos de una hora y media de Madrid». Por ello, precisó que su grupo estudiará todas las acciones posibles desde el punto de vista institucional para que los extremeños no paguen la demolición del complejo. REDACCIÓN

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