El conflicto entre Torrefresneda y Guareña ha pasado de ser exclusivamente un enfrentamiento entre una pedanía (Torrefresneda) y su ayuntamiento matriz (Guareña); a ser un asunto judicial (con una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que da la razón a la pedanía) y ahora un asunto del ejecutivo autonómico. El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, se refirió ayer a los contactos que ha mantenido con los dos alcaldes para buscar «alguna vía de acuerdo», tras la intención del Ayuntamiento de Guareña de disolver a la entidad local menor a raíz del pleito. El conflicto tiene su origen en la delimitación del área de influencia de la entidad local menor de Torrefresneda, que reclama más de 5.400 hectáreas del término municipal de Guareña, y cuenta con una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que le da la razón.

«Ayer (por el martes) he estado con ambos alcaldes. Vamos a intentar que pudiera haber alguna vía de acuerdo. No lo garantizo ni lo aseguro, pero lo vamos intentar», dijo el presidente, que abogó por que un acuerdo «siempre es mejor que un mal pleito» y «más si son muchos pleitos los que se pueden derivar de estas decisiones».

judicializado/ Vara advirtió de que las decisiones «se dilaten mucho en el tiempo» porque de este caso «se pueden derivar muchas acciones judiciales en un sentido y en otro», y que al final «esto lo acaben decidiendo los jueces». Y eso es lo que tratan de evitar desde el ejecutivo regional, según dijo Vara, que acabe habiendo «dos localidades, que pertenecen al mismo ayuntamiento pero que tienen personalidad propia, severamente enfrentadas». El presidente también precisó que tanto un ayuntamiento como otro, tienen que realizar los trámites necesarios para esa ruptura ante la Junta, que «recabará los informes correspondientes del Consejo de Estado o Diputación provincial».

Precisamente el Consejo de Gobierno mostró ayer su conformidad para que se tramite la propuesta de Ley de Garantía de la Autonomía Municipal de Extremadura, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Entre otros, esta ley contempla la creación de un mecanismo de conciliación prejudicial para que las «diferencias» que puedan tener los ayuntamientos con la Junta puedan tener solución extrajudicial, según explicó el PSOE.