Las reacciones a la huelga de jueces, que una veintena de Juntas, entre ellas la extremeña, aprobó el miércoles realizar el próximo 18 de febrero si no hay avances significativos en la reunión del próximo lunes entre las asociaciones judiciales y el Ministerio de Justicia, no se han dejado esperar. Desde Zamora, donde se celebraba ayer la XXIV Cumbre Hispano-Lusa, el presidente de Extremadura la rechazó, mientras el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, la calificó de "ilógica".
"Yo no acepto que los jueces puedan hacer huelga", señaló el presidente extremeño, quien consideró que si los jueces "definitivamente llevan hacia adelante el hacer una huelga, algo hay que replantear en este país, incluso desde el punto de vista legislativo". En su intervención, Fernández Vara reiteró que "si un poder del Estado puede hacer huelga, alguna cosa hay que replantear en relación con esto, porque no sería razonable que el Gobierno se pusiera en huelga, o que lo hicieran los diputados y senadores, no se aceptaría".
Mientras, el presidente del Gobierno advirtió a los jueces de que "no parece el camino lógico" convocar una huelga mientras está abierto el diálogo con el Ministerio de Justicia sobre sus reivindicaciones, al tiempo que subrayó que las protestas se han producido después de la polémica sobre la sanción al juez Tirado. Hizo constar, asimismo, que la amenaza de esta huelga se produce pese a que su gobierno es el que "más plazas de jueces y fiscales ha creado en una sola legislatura", que "ha duplicado la inversión para innovación tecnológica", y que "sabe que es necesario intensificar las mejoras y las reformas", concluyó.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la criticó por "precipitada" y que "podría dejar indefensos a los ciudadanos", al tiempo que consideró que "es difícilmente comprensible una postura tan drástica en esta etapa crucial de negociación". Y las asociaciones judiciales, por su parte, reaccionaron mostrando sus reticencias a la posibilidad de integrar en la reunión del próximo lunes con el Ministerio de Justicia, o en futuros contactos, a jueces no asociados o a magistrados decanos de las localidades más críticas y que han apoyado acudir a la huelga en febrero, como Madrid o Barcelona.
APOYO EN LA REGION Frente a las críticas, también surgieron apoyos, como el de la organización sindical CSI-CSIF de Extremadura, que aplaudió la decisión de los jueces extremeños de hacer huelga el 18 de febrero. A través de un comunicado remitido a este diario, CSI-CSIF celebra que por primera vez los jueces "se unan al resto de trabajadores de los juzgados para denunciar lo que realmente está pasando y la necesidad de arbitrar medidas que solucionen el colapso que sufre el poder judicial".
Mostró por ello su confianza en que esta huelga "sirva, de una vez por todas, para afrontar la reforma de la Administración de Justicia y alcanzar el consenso para la nueva Oficina Judicial --Cáceres será ciudad pionera de este proyecto--", un empeño, recordó, en el que también "estuvieron y están implicados los colectivos de funcionarios de justicia, tal y como demostraron en la huelga del pasado año en la que, al igual que los jueces, pedían más medios personales y materiales para poder realizar dignamente su trabajo".
Para esta organización el obejtivo que se tiene que conseguir, "por el bien de todos los ciudadanos", es el de avanzar en la consecución del conjunto de medios personales, materiales y tecnológicos, y acometer una ambiciosa reforma para adaptar la Justicia a los nuevos tiempos y necesidades, frente a una estructura que se ha quedado obsoleta". En cualquier caso, concluyó, "CSI-CSIF comparte con los jueces la necesaria e improrrogable reforma integral de la justicia extremeña".
