El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, trasladará próximamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la necesidad de que el Estado aporte más fondos para la aplicación de la Ley de Dependencia. «Las comunidades autónomas no podemos financiar el 80 por ciento de la aplicación de la Ley de Dependencia», señaló ayer la portavoz del Ejecutivo autonómico, Isabel Gil Rosiña, que avanzó esa reunión entre ambos mandatarios en próximas fechas, tras dar cuenta de los asuntos aprobados ayer por el Consejo de Gobierno. Entre ellos, destacó la inversión de 9,8 millones de euros para el mantenimiento hasta el año 2020 de 414 plazas residenciales para mayores dependientes y de centros de Día (293 plazas para dependientes en residencias y 121 plazas para mayores en centros de Día).
En total, con estas ayudas aprobadas ayer se atenderán plazas en 26 localidades y una mancomunidad, y la intención de la Junta es llegar a 74 municipios y cubrir 1.493 plazas.
Recibirán estas subvenciones aprobadas ayer la mancomunidad de Rivera de Fresnedosa y los ayuntamientos de Santiago de Alcántara, Zafra, Burguillos del Cerro, Calamonte, Campanario, Casar de Cáceres, La Coronada, La Haba, Mata de Alcántara, Peñalsordo, Puebla de Alcocer, Valdeobispo, Valle de la Serena, Villar del Campo, Villar del Rey, Zarza Capilla, Casares de Las Hurdes, Casatejada, Madroñera, Montánchez, Almoharín, Moraleja, Carbajo, Zalamea de la Serena, Montijo y Hervás.
En este sentido, la portavoz del Ejecutivo puso en valor el esfuerzo que realiza el Gobierno extremeño para el mantenimiento de estas plazas, lo que contrasta con la ausencia de financiación por parte del Estado, un asunto que el presidente de la Junta tiene previsto abordar en la entrevista que mantendrá próximamente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
FINANCIACIÓN AL 50% // Esta reclamación de la Junta al Estado viene de lejos. El pasado año, por ejemplo, durante el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, celebrado en octubre, el consejero extremeño del ramo, José María Vergeles, reclamó al Gobierno entonces del PP, que esta ley debe estar financiada al 50% por el Estado y por las comunidades autónomas, tal y como se había comprometido el Ejecutivo de Rajoy al ponerse en marcha el sistema.
Y es que el Gobierno apenas paga el 20% de los gastos que supone aplicar la normativa. Esta cuestión, según dijo entonces el propio Vergeles, además de suponer un estrangulamiento financiero para las comunidades autónomas, es fruto de una serie de modificaciones en la normativa, en la que solo cabe esperar una solución por parte del Gobierno.
Ese déficit de financiación del Estado ha supuesto para Extremadura unas pérdidas de más de 80 millones de euros en estos últimos años, y la desatención a un gran número de personas que necesitan estas prestaciones.
