El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, solicita a las 25 principales cajas y bancos que operan en la región que respalden antes del próximo 31 de diciembre las más de 750 viviendas de protección oficial (VPO) calificadas provisionalmente y cuyos compradores podrían, de esta forma, acogerse a las ayudas del Ministerio de Fomento.
El Gobierno central ha decidido suprimir provisionalmente estas ayudas debido a su política de austeridad, si bien aquellos que hayan conseguido un préstamo hipotecario antes de que concluya el presente ejercicio 2010 podrán todavía beneficiarse de las mismas.
Para ello, es preciso una calificación previa de la Junta y, a continuación, que antes del 31 de este mes las entidades financieras que decidan implicarse soliciten su cupo correspondiente al ministerio. En el caso de Extremadura se trata de unas 754 VPO que acometen 27 promotores y se distribuyen en 23 localidades distintas.
Esta petición se ha realizado en el transcurso de una reunión en la Presidencia de la Junta, en la que también han participado los consejeros de Hacienda, Ángel Franco, y Fomento, José Luis Quintana.
Las VPO
Sobre las VPO referidas, muchas de las cuales ni siquiera tienen a día de hoy licencia de obra, Quintana precisa que su construcción implica 1.500 puestos de trabajo. El crédito total que requieren es de 55 millones de euros, si bien sólo las ayudas de Fomento aportarían más de 8 millones.
En la misma reunión se ha invitado a los máximos responsables en la región de las 25 entidades a que respalden mediante "financiación específica con garantía hipotecaria" la operación de enajenación en 2011 de 3.000 viviendas sociales de la Junta, vía adquisición de las mismas por la empresa pública Urvipexsa. Según los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el año que viene, esta operación significaría ingresos por valor de 98 millones de euros.
La participación en este proceso de bancos y cajas es necesaria para que se lleve a efecto y para que así la Junta pueda "ingresar lo que está previsto en los presupuestos" y "mantener el pulso de gasto social", ha explicado Franco.
En la reunión, los responsables institucionales también han requerido a bancos y cajas para que les proporcionen información en detalle del cumplimiento del acuerdo de junio de 2008 al que se comprometieron para facilitar crédito y liquidez a las empresas de la región.
Según este acuerdo, 27 entidades destinarían una suma de 4.520 millones de euros para la financiación integral de los sectores productivos y estratégicos de la región.
Estos recursos, a ejecutar en cuatro ejercicios, se desglosaban en seis vías genéricas de financiación, que se referían al sector industrial y servicios (1.529,5 millones); la vivienda (1.447,9 millones); el desarrollo rural (651,7 millones); la iniciativa social (276,9 millones); los emprendedores (199,5 millones); la integración y desarrollo de la sociedad de la información (173,1 millones); y la internacionalización de las empresas y productos extremeños (242,1 millones).
"Hemos exigido información sobre el grado de cumplimiento de los objetivos adquiridos en 2008", precisa el consejero de Hacienda antes de apostillar que el Ejecutivo extremeño, con este requerimiento, pretende un "ejercicio de transparencia" con el que obtener los datos necesarios para poder "diseñar las políticas" dirigidas al mantenimiento de la actividad empresarial y los puestos de trabajo.
Ángel Franco puntualiza que la Junta pretende contar con "datos contrastados", aunque ya sabe que "en conjunto" el volumen de inversión crediticia en la región se ha multiplicado por dos entre 2003 y 2009, y que, a falta de datos oficiales de cierre de ejercicio, en 2010 se habría podido alcanzar el "récord histórico" de 23.500 millones de euros.
