El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, se sentará hoy con los líderes de las tres principales organizaciones agrarias de la región (Apag Extremadura Asaja, UPA-UCE y Asaja) para buscar soluciones al problema de los bajos precios en el campo. De esta forma, ambas partes «retoman» el diálogo tras la masiva y dura protesta del miércoles en Don Benito, que acabó con 19 heridos leves y un agricultor detenido como consecuencia del enfrentamiento entre los manifestantes y la policía a las puertas de la Institución Ferial de Extremadura (Feval).

Las organizaciones agrarias acuden al encuentro con la mano tendida y «la conciencia tranquila», pero también con un posicionamiento claro que, dicen, llevan ya meses repitiendo: blindar por ley una renta mínima que garantice que los agricultores no producirán a pérdidas. «El campo es el motor de la economía regional, no se puede permitir que cierre ni una explotación más», afirma Juan Metidieri, presidente de Apag Extremadura Asaja. Que no se recorten las ayudas de la Política Agraria Comunitaria (PAC) y una normativa «que no dificulte la labor diaria» de las explotaciones agroganaderas son otras de las cuestiones que, a juicio de Apag, son fundamentales para resolver la problemática actual del campo.

En la misma línea se expresa Ángel García Blanco, de Asaja. «Gracias a los agricultores extremeños España entera se está enterando de la problemática que tenemos en el campo, unos precios que están llevando a la ruina a las explotaciones», afirmó ayer. Este abogó por buscar fórmulas que permitan establecer unos precios justos y que la subida del salario mínimo se compense con cotizaciones especiales. «Igual que se fija un salario mínimo para los trabajadores, que se fije un precio mínimo a percibir por los productos agrarios en función de su coste de producción», defendió García Blanco. Frente a los problemas para encontrar mano de obra, planteará que las contrataciones del Aepsa no se puedan realizar durante las campañas agrarias y que no se penalice a los mayores de 52 años que quieran trabajar cobrando la prestación social agraria.

Por último, desde UPA-UCE también se señala que los precios ruinosos que soportan la mayoría de los sectores (especialmente el de la fruta) son un problema estructural para el campo, un problema causado además por «la especulación y el abuso de unos pocos que llevarán esta actividad al abismo absoluto si continúa esta tendencia».

Frente a estos argumentos, el presidente extremeño reconoció ayer que en una economía de libre mercado como la actual no es posible fijar el precio de los productos, pero sí «se pueden hacer muchas cosas» que a su juicio «hay que hacer», informa Europa Press. Entre ellas consideró «fundamantal y esencial hablar», y para ello ha convocado esta tarde a las Opas que lograron representación en las últimas elecciones al campo. Por su parte, la consejera de Agricultura y Desarrollo Rural Begoña García, apostó por «encontrar fórmulas» para garantizar la competitividad del sector. «Vuestros intereses son los nuestros», aseguró en Agroexpo.