Ya hay fecha para el primer debate del estado de la región de la legislatura. El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, avanzó ayer que elevará esta semana la petición a la Asamblea de Extremadura para que se celebre a mediados del próximo mes, probablemente los días 14 y 15. La sesión, una de las citas políticas más importantes del año, se ha visto ligeramente retrasada por la campaña electoral y, al celebrarse inmediatamente después de los comicios generales del 26-J, coloca al presidente en una posición aún más difícil si cabe, pues además de defender la gestión de un gobierno en minoría frente a los tres grupos de la oposición tendrá que explicar la coyuntura de la comunidad después de haber perdido en las urnas frente al PP.

El debate, que se celebra durante dos días, consta de dos partes. El primer día, el presidente de la Junta tiene una intervención sin límite de tiempo en la que explica la situación en la que se encuentra la región, hace balance de su gestión y presenta las medidas que tiene previsto impulsar a largo plazo. Al día siguiente la oposición responde al presidente, que podrá elegir entre protagonizar un cara a cara con cada una de las fuerzas políticas o contestarles de forma conjunta. Antes de finalizar el debate se aprueban las propuestas de resolución, iniciativas presentadas a instancias de los grupos. Además de ser el primer debate del estado de la región de la legislatura, es también la primera vez que Podemos y Ciudadanos participarán en una cita de este tipo.

La victoria del PP en las urnas el pasado domingo coloca a la bancada de José Antonio Monago en una posición ventajosa, pues obligará a Fernández Vara a explicar la gestión de este último año con una derrota electoral a las espaldas y, a priori, sin perspectivas de que el Gobierno central cambie de posición con respecto a Extremadura. Fernández Vara ha repetido por activa y por pasiva que la región necesita del apoyo de la nación para superar la difícil situación económica que atraviesa --en su debate de investidura demandó un régimen fiscal especial--, pero en estos 12 meses las relaciones del Ejecutivo de Mariano Rajoy con el Gobierno extremeño no han sido precisamente buenas.

Los desencuentros con el Ministerio de Hacienda han sido latentes desde el minuto uno por el estado de la cuentas públicas, el incumplimiento del déficit --Extremadura cerró el 2015 con el segundo más alto del país, el 2,64% del PIB-- y el excesivo plazo de pago a proveedores. No en vano, apenas una semana después de tomar posesión, Vara denunció que Cristóbal Montoro amenazaba con intervenir Extremadura y estas advertencias, que han condicionado el margen de acción de un Ejecutivo sin presupuesto propio hasta hace dos meses, se agravaron cuando en abril el ministerio avisaba que se iba a proceder a retener fondos del sistema de financiación a Extremadura por ese excesivo retraso en el pago a proveedores.

A ello hay que sumar que la acción de gobierno ha estado marcada por la reversión de las medidas más polémicas de José Antonio Monago: la reapertura de las urgencias rurales, la supresión de la ESO de los mil euros y de la paga de 300 euros a las mujeres que vivieron la posguerra o la vuelta a los 10 festivos comerciales de apertura. En materia de empleo, además de firmar una estrategia con los sindicatos, se ha impulsado el Plan de Empleo Social. Este ha posibilitado 4.000 contrataciones de seis meses, pero la tasa de paro sigue siendo del 29%.