El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, afirmó ayer, sobre la contratación de personal en el sector público empresarial desde 2007, que en la memoria de la encomienda de gestión en Gisvesa «se piden competencias y no titulaciones», y que el proceso de selección ha sido el correcto. Así lo ha señaló el consejero ante la Comisión no Permanente de Investigación de la Asamblea de Extremadura sobre la Contratación de Personal en el Sector Público Empresarial de la región desde 2007 y hasta la actualidad.

Vergeles explicó que había «razones políticas» para que el Instituto de Consumo de la región (Incoex) propusiera una encomienda de gestión para el servicio de intermediación bancaria para el número de desahucios que había con motivo de la crisis económica y «con el ánimo de parar los desahucios». Éstos, continuó, se debían al impago de las hipotecas «por situaciones económicas sobrevenidas». Los resultados de esa encomienda «parecían que eran buenos» y esta medida «no pillaba a nadie desprevenido» dadas las numerosas iniciativas parlamentarias presentadas por los socialistas.

Agregó que la encomienda del Observatorio de la Vivienda tenía «un doble objetivo político», uno conocer la situación socioeconómica de los inquilinos del parque público de viviendas y el estado estructural de éstas. El otro fin era cumplir el compromiso político del PSOE, junto con el Grupo Parlamentario de Podemos, en el acuerdo de investidura. Para todo esto, señaló Vergeles, la empresa Gisvesa era la más adecuada ya que necesitaba ingresos, las encomiendas generan ingresos y tenía medios propios y objetivos sociales. A partir de aquí, apostilló Vergeles, todos los encargos de gestión son expedientes administrativos y con un proceso de fiscalización previa.

Por su parte, el diputado del PP Francisco Ramírez, preguntó que «qué había que ocultar» en la Consejería al, argumentó, no haberse facilitado a los populares el listado de las contrataciones de Gisvesa, a lo que Vergeles respondió que siempre han informado sobre este tema. Ramírez añadió que los coordinadores jurídicos de las encomiendas de gestión no tenían la titulación precisa pero el consejero replicó que, según los técnicos, tenían las suficientes «competencias». Según el parlamentario del PP, Gisvesa ha sido «un nido de enchufe de socialistas», un «cambalache».

TRIBUNAL DE CUENTAS / El portavoz parlamentario de Podemos, Álvaro Jaén, subrayó que, según un informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas de 2016 algunos de los trabajos encomendados no estaban ceñidos a las tareas de apoyo sino que sustituían a las tareas administrativas, sobre lo que Vergeles dijo que esto no le consta y que los técnicos señalan que eran tareas «coyunturales».

A su vez, el diputado del PSOE Carlos Javier Labrador consideró que ahora hay un proceso para la correcta selección del personal y que antes, con el PP, no lo había.

En esta misma comisión también compareció ayer, a petición propia, el exconsejero de Administración Pública del PP Pedro Tomás Nevado-Batalla, quien lamentó que la fusión de ocho empresas públicas extremeñas en 2010 fue «únicamente notarial», ya que se mantuvieron las estructuras, el personal y los sueldos en todas ellas, por lo que no generó ahorros. Sí provocó, dijo, un «desorden sociolaboral» con «agravios comparativos» entre trabajadores.

En su intervención, recordó que la Junta de Extremadura autorizó en 2010 a la Sociedad de Gestión Pública de Extremadura (GPEx) la fusión, por absorción, de ocho empresas públicas, destacando que ello supondría un ahorro del 10% en el gasto de funcionamiento y del 40% en los en gastos de estructura. Sin embargo, este ahorro no fue real porque la fusión fue «únicamente notarial», recalcó. «No se aprovechó la sinergia de esa operación», sino que se creó «una superestructura con una base de barro», concluyó.

Señaló que con la llegada del PP al Ejecutivo en 2011, se propusieron convertir a GPEX en un medio no sólo útil y eficaz para la Administración, sino también «eficiente» y «viable». Todo ello, esgrimió, en un momento en el que la empresa contaba con una plantilla de 1.050 trabajadores y se pagaba más de 480.000 euros anuales en alquileres, entre ellos, 8.888 euros mensuales por la sede de la empresa en la plaza de España de Mérida.

CONTEXTO COMPLICADO / Destacó además que era un contexto económico «muy complicado», por lo que en 2012 se redujeron en un 25% las encomiendas de gestión por parte de la Junta a esta sociedad. Sin embargo, negó que realizaran despidos «ideológicos» de trabajadores y ha precisado que solo se hicieron 21 objetivos, «en algunos casos muy dolorosos», pero «teníamos que tomar las decisiones, que en algunos casos fueron avalados judicialmente y en otros no».

Estos últimos supusieron el desembolso de dos millones de euros en indemnizaciones, según apuntó la diputada socialista María Victoria Macías, que reiteró además que se intentó despedir a setecientos trabajadores de GPEX, que luego se quedaron en un centenar. «Lo de los 700 despidos fue un rumor maligno», le contestó el exconsejero.