La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales ha impulsado una serie de medidas con las que pretende reducir de un año a tres meses el tiempo medio para valorar las solicitudes de dependencia en la región y se plantea también elaborar una ley de plazos similar a la que existe en el SES.

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, compareció ayer, junto al nuevo gerente del Sepad, José Vicente Granado, para exponer estas medidas y para presentar también a las nuevas gerentes territoriales de este organismo, Montserrat Rincón, en Badajoz; y Ana Martín García, en Cáceres.

Según los datos facilitados por Vergeles y adelantados el domingo por este diario, en Extremadura existían, a fecha de 30 de junio de 2019, un total de 55.109 solicitudes de dependencia registradas, lo que supone un porcentaje en relación a su población del 5,4%, casi dos puntos superior al de la media española, que es del 3,9%.

De hecho, Extremadura, es la segunda comunidad, tras Castilla y León, que mayor número de solicitudes de valoración de dependencia ha recibido, con un aumento anual que ronda las 800, debido sobre todo al envejecimiento de su población.

Para el consejero, según informa EFE, el tiempo medio de espera de en torno a un año que registra Extremadura para valorar a estas personas es «intolerable y no se puede permitir», por lo que el presidente de la Junta, en su programa de gobierno, se comprometió a reducirlo con medidas tendentes a mejorar la gestión y la coordinación de los servicios de atención social básica y los especializados.

VISITA ÚNICA / Así, se ha establecido una modificación legislativa, recogida en el Decreto 68/2019, en la que se regula la visita única de valoración, para agilizar los trámites, y este mes se han contratado cuatro auxiliares para hacer los estudios y poder hacer la negociación del Plan Individualizado de Atención (PIA) también con más agilidad.

Igualmente, el pasado mes de marzo se contrató una central de llamadas que permite la citación telefónica y libera de tiempo a los técnicos para labores exclusivas de valoracion.

Vergeles insistió en que se incidirá en una más eficiente coordinación entre los servicios de atención social básica y los servicios especializados, con el objetivo, sobre todo, de que la espera para ser valorada una persona en situación de fragilidad sea la menor posible.

Además, anunció que a partir de finales de año se implantarán protocolos específicos entre el SES y el Sepad para determinadas enfermedades que generan situaciones de dependencia en un plazo escaso de tiempo, como las oncológicas o las neurodegenerativas.

Aunque solo es el principio de este estrategia, las medidas impulsadas por la Consejería de Sanidad en los últimos meses han permitido valorar a 1.176 personas desde marzo hasta ahora.

Se trata, según Vergeles, del «incremento más importante en valoraciones que se ha registrado a lo largo de toda la historia del Sepad», tras la incorporación inicial al sistema que supuso la puesta en marcha de la Ley de la Dependencia.

Según estos datos, 47.833 personas han sido reconocidas en Extremadura por la Ley de la Dependencia desde su puesta en marcha y el número actual de beneficiarios se sitúa en los 28.447, de los cuales unos 3.000 están valorados pero siguen pendientes aún de recibir la prestación o el servicio que les corresponde.