El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, calificó ayer como "una falta de respeto y una irresponsabilidad" la propuesta del Ministerio de Sanidad de financiar con algo más de 1 millón de euros la atención sanitaria de los sirios que formen parte Programa de Reasentamiento y Reubicación de Refugiados, lo que supone unos 68 euros por persona refugiada al año, al claramente "insuficiente". Además recordaron que de los 17.000 refugiados procedentes de Siria que estaba previsto que vinieran a España sólo lo han hecho 15 por el momento

José María Vergeles hizo estas declaraciones durante el transcurso del pleno del Consejo Interterritorial que se celebró ayer en la sede del Ministerio de Sanidad y en el que los representantes de las comunidades autónomas rubricaron un frente común para "forzado" al ministro Alonso a incluir en el orden del día la preocupación por el cumplimiento del objetivo de déficit y la solicitud de que el tratamiento de la hepatitis C no compute como déficit. El ministro Montoro señaló días atrás que todos los pacientes de Hepatitis C estaban ya tratados y por tanto no se iba a financiar el tratamiento para 2016, lo que Vergeles calificó como "una barbaridad y un despropósito".

PRESCRIPCION El Consejo Interterritorial abordó además el tema del Real Decreto de Prescripción y Uso de Medicamentos, un asunto que se introdujo a última hora en el orden del día y para el que Vergeles volvió a pedir "que se derogue", para terminar con la "lucha de intereses" generada entre médicos y enfermeras, que hasta ese decreto "trabajaban en un ambiente colaborativo". La Junta de Extremadura fue una de las Administraciones regionales que recurrió ante el Tribunal Supremo la norma. "Los recursos contenciosos se están fallando en contra, pero seguiremos en la lucha", dijo Vergeles, que ejerció de portavoz de las comunidades socialistas y criticó que entre la última reunión de julio del 2016 y la de ayer "el Ministerio no haya tenido tiempo de abordar los diferentes temas de los que trata este orden del día"

El pleno del Consejo Interterritorial aprobó la actualización del calendario vacunal, que ya estaba pactado en el ámbito de la Salud Pública, y acordó devolver el plan de prevención del dengue y el zika para su revisión, ya que a juicio de Vergeles entra en competencias de la Administración local. En el pleno, según recoge Efe, también se abordó la actualización de la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud, que fue rechazado porque muchas comunidades creen que dado el tiempo que ha pasado desde su aprobación ya "ha sido superada" por los planes integrales puestos en marcha en algunas regiones, por lo que solicitaron que el texto fuera revisado.