El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura aprobó ayer el proyecto de Ley de Prevención y Calidad Ambiental, que define las líneas esenciales en la prevención de la contaminación y la calidad ambiental, y que regula "las instalaciones susceptibles de afectar a la seguridad, a la salud de las personas y al medio ambiente".
Así lo explicó ayer en Mérida el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara tras la reunión. Los objetivos de esta ley son, entre otros, alcanzar un elevado nivel de protección del medio ambiente y establecer un sistema de intervención ambiental que integre al máximo las distintas autorizaciones e informes relacionados con el impacto sobre el medio ambiente de determinados tipos de actividades industriales.
También se trata de establecer un sistema de responsabilidad tanto objetiva como subjetiva, así como de indemnización por daños al medio ambiente, que garantice la prevención o reparación de los daños causados. Otros fines pretenden fomentar el acceso de los ciudadanos a una información ambiental objetiva y fiable; promover e impulsar la educación ambiental y la concienciación ciudadana en la protección del medio ambiente; y racionalizar el régimen de vigilancia e inspección.
La futura norma, que se suma de forma activa a los esfuerzos nacionales e internacionales para frenar el calentamiento global, se aplicará a cualquier plan, programa, proyecto, obra y actividad de titularidad pública o privada, que se desarrolle en la región y que genere impactos en el medio ambiente.
