La nueva ley extremeña de víctimas del terrorismo llevará a los colegios el «verdadero relato» de estas y el sufrimiento que han padecido a lo largo de cincuenta años de actividad de ETA, además de «blindar» los actos de homenaje que se organicen en torno a este colectivo.

Así lo explica el consejero de la Asociación Víctimas del Terrorismo, Miguel Ángel Folguera, tras la reunión que esta entidad y la Asociación Extremeña de Víctimas del Terrorismo han mantenido en la Asamblea, informa EFE.

A este encuentro, organizado para consensuar la nueva ley extremeña, han asistido representantes de todos los grupos parlamentarios presentes en la Asamblea de Extremadura, PSOE, PP, Cs y Podemos, así como la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, y la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, Begoña García Bernal.

Tras la reunión, Miguel Ángel Folguera ha calificado de «muy productivo» este encuentro de las asociaciones de víctimas del terrorismo que desarrollan actividades en la región con los representantes del Legislativo y del Ejecutivo extremeño.

En ese sentido, ha dicho que se trataba de una reunión necesaria para que la nueva normativa sea «una ley de consenso con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, como buscábamos, y con el apoyo del gobierno que la va a aplicar».

Folguera ha recordado que era necesario modificar la anterior ley, de 2005, porque desde entonces «ha cambiado la situación y han cambiado los actores en el panorama nacional».

El consejero de la AVT ha destacado que para ellos es «muy importante» que se blinden los actos de homenaje a las víctimas y que se lleve su relato a los colegios de Extremadura, como principales novedades del nuevo texto.

Por su parte, el presidente de la Asociación Extremeña de Víctimas del Terrorismo, José María Antón, se ha mostrado «totalmente satisfecho y agradecido» al Gobierno regional y a los grupos parlamentarios por el consenso al que han llegado.

«La ley viene a reforzar la anterior, de 2005, que no se ha aplicado mucho», ha dicho Antón, para quien «quizá tengamos parte de culpa las propias asociaciones que no hemos instado a ello».

Ha insistido en su agradecimiento porque la normativa consensuada «recoge nuevas expectativas hacia las víctimas del terrorismo que hacía falta tener en Extremadura», como se tienen ya en otras comunidades.