El primer juicio colectivo de la región de la asociación de consumidores Adicae contra Caja Extremadura, celebrado en el Juzgado de lo Contencioso Adminsitrativo Número 1 de Cáceres, en el que se ha pedido el cese de la deuda subordinada por considerarla "abusiva", ha quedado visto para sentencia.
El juicio al que estaban esperando unos 6.000 afectados en Extremadura, según Adicae, por la venta de deuda subordinada de Caja Extremadura ha durado apenas media hora, al no aceptar el juez las pruebas testificales y solo la documental incluida en la demanda.
Algunos de estos afectados han acudido al juicio y han mostrado su malestar con la entidad bancaria y han solicitado una solución para poder recuperar sus ahorros.
El vicesecretario general de Adicae, Antonio Pulido, ha manifestado a Efe que lo que se ha hecho es presentar una acción de cesación, como permite la Ley de Consumidores y Usuarios, para solicitar la cancelación de los contratos que suscribieron los consumidores.
Pulido ha incidido en que los consumidores adquirieron deuda subordinada "como productos seguros, como si se tratase de depósitos a plazo y que en la práctica han resultado ser productos de riesgos complejos que han entrañado para los consumidores extremeños la pérdida de sus ahorros".
En su demanda, Adicae ha solicitado, entre otras cosas "la ineficacia de todas las suscripciones de deuda subordinada de Caja Extremadura realizadas por consumidores" y "la devolución de las cantidades entregadas en virtud de las mismas".
Así como, en su defecto, la obligación de Caja Extremadura de "indemnizar los daños y perjuicios causados a sus clientes consumidores como consecuencia de la adquisición de deuda subordinada".
Para Pulido, Adicae ha presentado pruebas que "demuestran que existían cláusulas abusivas, que no se informó a los consumidores y que se vendían con nombres que llevaban a la confusión".
Adicae calcula que en la región hay unos 100 millones de euros en suscripciones de deuda subordinada y piden la "invalidez" de esos contratos.
Pulido ha indicado que al margen de esta demanda colectiva desde la asociación se están presentando demandas individuales a través de lo civil, y ha emplazado a los políticos a que se pronuncien contra "esta situación de fraude que están viviendo los ciudadanos".
Por su parte, la letrada que ha representado a Caja Extremadura integrada en el Grupo Liberbank, ha señalado al juez que a los clientes se les ofreció toda la información y que "no existe fraude".
