Extremadura perderá este año casi 2.000 hectáreas de viñedo. Esa es la superficie aprobada para arranque de viñas, una de las medidas contempladas por la nueva OCM del vino para, entre otras cosas, ajustar la oferta a la demanda dentro del sector. 2.000 hectáreas que son muchas menos de las inicialmente previstas, pues los viticultores extremeños habían solicitado que fueran casi 6.000.

Extremadura se mantiene como la segunda región vitivinícola de España, por detrás de Castilla-La Mancha. Tiene cerca de 90.000 hectáreas dedicadas al cultivo, la mayoría de ellas en la zona de Tierra de Barros. Por tanto, el arranque de viñedos apenas afectará al 2% de la superficie total.

"Siempre es una tristeza que se arranque viñedo, porque si se comercializara bien no sobraría ninguno. Pero ha sido menos de lo que nos temíamos", asegura Jacinto Guerra, secretario general de la Asociación de Empresas Vinícolas de Extremadura (Asevex). Ellos pensaban que la incidencia iba a ser mucho mayor, ya que la OCM solo fija ayudas para el abandono del cultivo esta campaña y la próxima. Después, el que quiera dejar el cultivo no tendrá subvención.

Según los datos del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, 1.011 viticultores extremeños han solicitado esta campaña acogerse a la medida. Ello suponía dejar esta actividad, pero seguir disponiendo de las tierras para otros cultivos u proyectos. Si todas esas peticiones hubieran salido adelante, esta año desaparecerían de la región 5.659 hectáreas.

Pero primero Bruselas y después Madrid, con el asesoramiento de las comunidades autónomas, han recortado la cifra de beneficiarios. De los más de mil viticultores solicitantes en Extremadura, solo se han aprobado 337. Y consecuentemente, la superficie afectada se ha reducido de 5.659 a 1.930.

"La reforma se ha limitado mucho. Se ha restringido de manera que solo se han podido acoger mayores de 55 años y menores de esa edad que arrancaban toda su explotación", explica Bibiano Serrano, presidente regional de APAG, donde lamentan que se está reteniendo a productores "a la fuerza".

En total, esos 337 beneficiarios extremeños se repartirán 9,6 millones de euros, es decir, 5.023 euros por hectárea arrancada.

REPERCUSION Pero, ¿cómo afectará esto al sector? "A menos viñas, menos mano de obra necesaria y menos puestos de trabajo; a menos solicitudes aceptadas, menos repercute sobre el empleo", responde Bibiano Serrano. Su homólogo de Coag, Luis Moreno, además apunta a otro factor mitigador: "En los últimos años muchos viñedos se han ido transformando a espaldera, que genera mucho más puestos de trabajo a lo largo del año, aunque menos durante la recolección. Por eso creo que en términos de empleo no se va a notar demasiado".

Además, la OCM pretende que esto contribuya a ajustar la oferta a la demanda actual. Según Catalina García, responsable vitivinícola de UPA-UCE, "a este ritmo, ese ajuste no será significativo". E insiste en otros problemas de la crisis actual del sector distintos a la sobreproducción contra la que lucha Bruselas con esta OCM. Habla de los precios. "En el último año han bajado en torno a un 35% respecto a la campaña anterior", puntualizan en Coag, donde también lamentan que para percibir las ayudas europeas por vino de boca "haya que destinar parte de la producción a destilación para la industria alcoholera, con unos precios irrisorios, al 50% del precio de venta del vino". "Si esto sigue así el próximo año habrá una avalancha de solicitudes", advierte Jacinto Guerra.