Ha sido un año duro, con muchos enfrentamientos y con una realidad que ha superado al sector y a las administraciones (ha supuesto entre 80 y 100 toneladas en robos continuados), y que en ocasiones ha estado cerca de tener graves consecuencias personales. "Ha sido una situación dramática, lo de este año no tiene nada que ver con lo que antes pasaba, sacabas a los ladrones de la finca y a las dos horas estaban allí otra vez robando", dice Antonio Prieto, que lamenta el tiempo que ha llevado que las Administraciones central y autonómica dieran respuesta a las demandas de los agricultores. La última medida se tomó hace menos de un mes: realizar controles en los puntos de compraventa de aceituna. Ni la Delegación del Gobierno ni la Junta de Extremadura ofrecen ahora datos del resultado de las inspecciones anunciadas.
Mientras tanto se trabaja en un borrador de decreto sobre trazabilidad que pretende desarrollar la Consejería de Medio Ambiente, al que esta semana han presentado alegaciones los colectivos convocados. Las organizaciones agrarias plantean "que haya una documentación obligatoria", con la identificación del tipo de fruto, su variedad, la procedencia, el destino y la titularidad del vehículo que lo transporta, dice Antonio Prieto. Además de que haya "controles exhaustivos" en los puestos de compra que se acote el rebusco a una época determinada y se requiera autorización expresa del titular del olivar.
"Se trata de que la Guardia Civil tenga claro qué es lo que tiene que pedir a un vehículo cuando le paran", dicen Juan Pérez Ayuso, responsable del sector olivarero de Cooperativas Agroalimentarias.
