No hay un registro oficial, es complejo dar un número aproximado de cuántas son en Extremadura, pero están ahí, en la sombra, haciendo una labor esencial, aunque oficialmente sean invisibles. Son las cuidadores de grandes dependientes que no tienen un título oficial y, a veces, tampoco papeles. Son mujeres inmigrantes que, en muchos casos, no llevan el suficiente tiempo en España para poder haber regulado su situación (se necesitan tres años para dejar de ser considerada ilegal), pero eso no impide que las familias las contraten para cuidar de personas mayores o con enfermedades que requieren prácticamente 24 horas de atención.
A ellas les pone voz Karla Chavarría, procedente de Honduras y portavoz de la Asociación de Personas Trabajadoras del Hogar de Extremadura, quien se confiesa harta de reivindicar derechos para que todo siga igual: la gran mayoría, en la oscuridad.
Doble discriminación
Durante el confinamiento muchas de ellas se quedaron sin ingresos ni ayudas por no poder seguir ejerciendo de cuidadoras por las restricciones de distancia y seguridad.
Ahora, con la vacuna, se enfrentan a otra discriminación. Por su tarea habitual, deberían entrar ya en el plan de inmunización dentro del grupo de grandes dependientes, el cual también incluye a sus cuidadores. Pero esto no es así porque no tienen una titulación que acredite sus funciones, de manera que no están catalogadas como ‘profesionales’ y les toca esperar, aunque su función se incluya realmente en el saco de los colectivos prioritarios.
Desde el Ministerio de Sanidad no aportan una respuesta concreta a esta cuestión planteada y se limitan a manifestar que todas las personas serán vacunadas cuando les toque.
Desde la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta, explican que los cuidadores no oficiales entrarán en el mismo grupo que el personal de ayuda a domicilio, el cual todavía no se ha definido y no tiene fecha.
En el caso de los familiares que ejercen como tal, entrarán en los grupos por edad, de manera que salen de los colectivos prioritarios.
¿Y estas mujeres inmigrantes? La Junta de Extremadura responde derivando directamente al Ministerio.
Con la tarjeta sanitaria
No obstante, Karla Chavarría explica: «Esté o no esté regulada su situación, tienen derecho a la tarjeta sanitaria, de manera que deben entrar en el plan de vacunación al igual que todas las demás personas, pero no lo van a hacer en el grupo que realmente les correspondería por su labor diaria».
Son cuidadoras de grandes dependientes, sí, pero invisibles.
