Tras el pacto alcanzado por el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil que deberá materializarse en los próximos Presupuestos Generales del Estado, ahora son los funcionarios de Justicia y los de Prisiones los que esperan turno para colocar en la agenda de los ministerios de Justicia e Interior, respectivamente, un incremento salarial que les equipare a los empleados públicos que desempeñan la misma tarea en las regiones con las competencias transferidas.
En total hay en Extremadura 1.500 (en torno a 1.100 en Justicia y medio millar en Prisiones) trabajadores de la administración general de estado inmersos en esta reivindicación a la que parece que aún le queda recorrido; porque, por ejemplo en el caso de Justicia, no hay ni tan siquiera una mesa de diálogo aún y los representantes sindicales aseguran que no descartan «ninguna acción».
«Estamos hablando de cuerpos nacionales que han pasado la misma oposición, realizan el mismo trabajo y tienen las mismas funciones, y sin embargo hay diferencias de hasta 500 euros mensuales con las regiones con estas competencias transferidas», reclama Cristina Blázquez, representante de CSIF en Extremadura para Justicia. La diferencia radica entre las comunidades incluidas en lo que se conoce como territorio Ministerio, (además de Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia, Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, junto son los servicios centrales, Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Registro Civil) y el resto de regiones con las competencias transferidas y especialmente con País Vasco, Navarra, Madrid y Cataluña, las que presentan mayor diferencia.
‘Regiones ministerio’
Entre las regiones ministerio y las transferidas hay de media 300 euros mensuales de diferencia, que llegan a superar los 500 en el caso del País Vasco, a través de un complemento específico que negocia cada territorio. Pero la cuestión económica, aun siendo importante, no es lo único que distancia a unos funcionarios y a otros.
Los sindicatos (CSIF es el mayoritario, pero en esta reivindicación están trabajando conjuntamente con CCOO, UGT y STAJ, que son todos los que representan a Justicia) destacan que hay otras «promesas incumplidas» que quieren atajar con la mesa de diálogo que reclaman. «Se nos prometió el papel cero, pero ni se nos está formando para ello ni se nos reconoce, ya sea laboralmente o retributivamente las nuevas funciones que asumimos. La brecha salarial entre unos y otros es enorme», lamenta la representante sindical.
Por eso han iniciado un calendario de protestas, desde las concentraciones la semana pasada a la recogida de firmas (entregaron más de 10.000 de todas las regiones afectadas en el Congreso) a las concentraciones para el próximo 21 de marzo en la Audiencia Nacional. «No descartamos ninguna acción, ni llegar a la huelga», advierte Cristina Blázquez.
Similar es la situación en el caso de los funcionarios de Prisiones, aunque estos sí tienen ya en marcha una mesa de negociación con el Ministerio del Interior. Al igual que en el caso de Justicia, la principal reivindicación (pero no la única) está relacionada con la diferencia salarial entre los empleados públicos que dependen del Estado y los que lo hacen de la única región que ha asumido estas competencias (Cataluña) y la igual que en Justicia, también el espejo en el que se miran es el de los compañeros del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, que ya tienen el compromiso (rubricado el lunes) a que los sueldos se igualarán con subidas progresivas en los próximos tres años. «Sus reivindicaciones son justas y nos alegramos por los compañeros, pero nuestra situación también es injusta», dice Alonso Torres, de CSIF (sindicato mayoritario en Prisiones).
Una nueva OPE
En Extremadura hay 500 funcionarios en los distintos puestos de los centros penitenciarios. «Por el mismo trabajo recibimos un salario que está aproximadamente 300 euros al mes por debajo que los funcionarios de Cataluña» reclama.
Además demandan que se actualice la catalogación de sus puestos y la oferta de empleo público, porque en los últimos años ni siquiera se han cubierto las bajas vegetativas. «Aquí el tema de recursos humanos es fundamental porque hay puestos que se deben cubrir sí o sí», afirma el representante sindical, que asegura además que la edad media es muy elevada (de 50 a 55 años) y la situación es tan precaria que llegan las vacaciones de verano y no las pueden coger. «Hay una profesionalidad envidiable en los funcionarios de prisiones, y no olvidemos que trabajamos con personas, y personas que están privadas de libertad y les estamos condenando también a otras privaciones por la escasez de medios», explica Torres.
