El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, acusó ayer a los jueces, en una entrevista a Onda Cero, de reivindicar cuestiones que "son del poder Legislativo", les recordó que es el Parlamento quien toma las decisiones y reprochó a las asociaciones que hayan planteado sus exigencias en los términos que lo han hecho, apuntando que "quizás podían haberlo pensado un poco más". En cualquier caso, afirmó que prefiere pensar que el preaviso de huelga de los jueces no tiene que ver con el caso Mari Luz , aunque destacó la coincidencia de los pronunciamientos de las asociaciones judiciales.
Zapatero no quiso "entrar en la discusión de la legalidad de la huelga" que plantean los jueces, y argumentó que estos "saben derecho y cómo funciona el Estado de derecho, y tendrán bien formada la opinión de a quién corresponde el derecho de huelga". No obstante, dijo que el Gobierno "por supuesto va a dialogar", aunque matizó que para el diálogo no es lo mejor que alguien amenace.
También ayer, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, insistió en que los jueces, en tanto que poder del Estado, "no pueden ponerse en huelga", pero que, en todo caso, será el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el que "deberá sentar criterio jurídico" en este conflicto, en el que, según el ministro, "está flotando" el caso Tirado .
Y por su parte, las dos principales asociaciones de secretarios judiciales --Colegio Nacional y Unión Progresista-- coincidieron en calificar de positiva la propuesta de las asociaciones de jueces de dar seis meses de plazo al Ministerio antes de acudir definitivamente a una huelga en junio. Ven responsable esta decisión y anunciaron que no apoyarán ningún paro a corto plazo, aunque sin cerrar la puerta a este tipo de protestas --sin precedentes en la carrera judicial-- en el futuro en caso de que no se cumplan sus exigencias y reivindicaciones.
