Extremadura es la comunidad autónoma española con un mayor número de colmenas, con más de seiscientas mil. Sin embargo, buena parte de ellas no están ahora mismo en territorio extremeño, sino que se encuentran fuera de la región, en busca de la floración que en este momento el apicultor que las gestiona considere más adecuada para sus abejas. A la inversa, Extremadura también alberga temporalmente a decenas de miles de colmenas llegadas de otras provincias persiguiendo ese mismo objetivo.

De hecho, más de un 90% de las explotaciones apícolas extremeñas son trashumantes. Lo habitual es que los apicultores de la provincia de Badajoz trasladen temporalmente sus explotaciones a provincias andaluzas o castellanomanchegas y que los de Cáceres hagan lo propio hasta Castilla y León, Galicia, Cantabria o Asturias. «A nivel profesional necesitas tener varias floraciones para poder vivir de la apicultura», detalla Antonio Prieto, secretario de Ganadería de UPA-UCE Extremadura. Sin embargo, este desplazamiento no resulta siempre fácil para los apicultores extremeños. «En los últimos años estamos teniendo muchos problemas con nuestra actividad, sobre todo en Castilla y León y Galicia», señala este dirigente agrario y apicultor. Él, junto a otros representantes del sector apícola extremeño, abordó la semana pasada esta cuestión durante un encuentro con el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, quien se «comprometió» a poner este asunto encima de la mesa en la reunión que tenía previsto mantener el pasado lunes con la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina.

Las barreras que denuncian son de diferentes tipos. Hay municipios que directamente «te dicen que no puedes colocar colmenas allí», explica Prieto. Otros «están cobrando a los apicultores de ese pueblo una tasa de dos euros por colmena y a nosotros nos cobran diez. Y además al del pueblo le hacen luego una bonificación del 60% o el 70%, con lo que le sale prácticamente gratis», añade. En el caso de Galicia, además, se obliga por ley a que toda colmena de un trashumante tenga que estar al menos a dos kilómetros en línea recta de cualquier asentamiento registrado, lo que califica como «una barbaridad». En Extremadura la distancia no solo es mucho menor, de 200 metros, sino que además solo hay que respetarla en el caso de que no haya acuerdo entre los apicultores y de que las explotaciones superen ya un tamaño considerable, 75 colmenas. En la comunidad gallega, en cambio, el listón se sitúa mucho más abajo, en las 26.

«Nosotros no ponemos ninguna pega para que colmenas de otras regiones estén aquí. Lo que queremos es que cuando vayamos fuera de Extremadura, la cosa sea igual», indica Prieto, que recuerda que la trashumancia apícola se encuentra ya regulada por un real decreto, por lo que no cree que tenga sentido que «un pueblo de quinientos habitantes» regule de nuevo esta actividad «cambiando distancias y definiciones». Agrega que ya se han mantenido reuniones tanto con el ministerio como con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) sin que haya servido en ambos casos para nada.

El responsable de Ganadería de UPA-UCE explica que el origen del rechazo a esta trashumancia —que en los casos más extremos ha llegado a derivar en el destrozo de colmenas— está en «el crecimiento importante» que ha registrado la actividad apícola en los últimos años. «Los buenos precios y la crisis» han hecho que se recupere en pueblos donde no la había «desde hace 50 años», sostiene, por lo que ahora la competencia es mayor. «Pero si en un pueblo hay trescientas colmenas de diez apicultores, no pueden querer tener para ellos solos un término municipal de miles de hectáreas», razona.