La Asociación de Empresarios de Maquinaria Agrícola de Servicio Público de Extremadura (Asecoex) ha denunciado la «competencia desleal e intrusismo» que sufre este sector por parte de aquellos agricultores que con su maquinaria agrícola y recolectora realizan trabajos a terceros. Un fraude que, asegura esta asociación, es masivo y que afecta en mayor o menor grado a la práctica totalidad de las actividades que se efectúan con este tipo de equipos. «Desde tractores arando, nivelando o haciendo tratamientos a cosechadoras y plantadoras», lamenta Juan Avis, secretario de Asecoex, que recalca también «los muchos millones» que las arcas públicas dejan de ingresar todos los años en la región por estas prácticas, en conceptos como IVA o gasóleo que dejan de declararse. «Se cobra en negro y no se hace factura», apunta Avis, que asegura que en su caso pierde «muchos clientes» que prefieren recurrir a estos servicios opacos fiscalmente para evitar la tributación.

Esta asociación, igual que hace la de ámbito nacional Fenamarec, critica «la dejadez de la Administración» y «la falta de control a los agricultores que realizan trabajos a terceros» además de hacerlos en sus propias explotaciones. En este sentido, se insta a intensificar las inspecciones realizadas sobre el terreno para confirmar que tanto los equipamientos como los operarios cuentan con los permisos necesarios para ofrecer servicios a otros profesionales.

Fenamarec ha reclamado formalmente que en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA) se cambie el modelo de inscripción de forma que se especifique si estos equipos se adquieren para uso particular o para dar servicios, ya se trate de la adquisición de un tractor o de una cosechadora.

DIFERENTE RÉGIMEN / Igualmente, se señala que, desde el punto de vista de la Seguridad Social, quienes realizan estos encargos a terceros fuera de su propia explotación agrícola están dados de alta encuadrados en el Régimen Especial Agrario, en lugar de figurar en el Régimen General de la Seguridad Social como sucede con las empresas debidamente autorizadas.

Por su parte, el presidente de Asecoex, Vicente González Cancho, esgrime que estos agricultores que se han venido contratando «en las últimas campañas» emplean «máquinas subvencionadas por planes de mejora y OPFH (Organización de Productores de Frutas y Hortalizas) que no cumplen con los estrictos requisitos» que plantea la Administración. Esto les genera «indefensión», ya que, según precisa, los profesionales de esta asociación cumplen con estas exigencias y son sometidos a continuos controles «en carretera» pero «no en el campo». De esta manera, «muchos intrusos con maquinaria sin papeles ni seguros en regla» trabajan en fincas agrícolas durante la campaña. Además, recuerda que en caso de incidentes o accidentes «la ley es clara» y establece que la responsabilidad, tanto en el ámbito administrativo como en el penal, es del agricultor que ha contratado la maquinaria agrícola si esta no cumple con los requisitos normativos que les requiere la administración.

En este punto, Avis arguye también que los incendios que habitualmente se producen por el uso de estos equipos en el campo tienen su origen en la utilización de «maquinaria ilegal, porque no está preparada» para estos trabajos.

Toda esta situación se traduce en una falta de rentabilidad de las empresas que se ve agravada por su «falta de encuadramiento», lo que lleva consigo que se vean excluidas como posibles beneficiarias en el ámbito de aplicación de ayudas y subvenciones para la adquisición o renovación de maquinaria agrícola «tanto por el Ministerio de Agricultura como por cualquier otra institución». «Las empresas de servicio no tenemos subvenciones por ningún lado. Los agricultores, por todos», resume Avis. Como consecuencia, este colectivo lamenta que se vea obligado a desempeñar su actividad con maquinaria agrícola «con una antigüedad de muchos años, siendo un factor negativo totalmente perjudicial en materia de prevención de riesgos laborales y de incendios.