El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes un real decreto que recoge la prohibición de cambiar de titularidad los tractores con más de 40 años sin estructura de protección homologada (excepto las que se realicen por herencia), con el fin de reducir la siniestralidad en el campo. Las estadísticas de inscripción de maquinaria agrícola del ministerio no recogen cuál es la proporción de las transmisiones de esta clase de vehículos que supera esa frontera entre las realizadas en Extremadura, pero sí evidencian que la mayor parte de ellas corresponde a vehículos considerablemente antiguos. De todos los cambios de titularidad de tractores contabilizados el año pasado, cerca de un 60% (1.080 de 1.841) superaban los veinte años. La cifra sobrepasa ampliamente a la de inscripciones de tractores nuevos que se formalizaron durante ese año, que ascendieron a 758.

Según destacó la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, estas medidas pretenden que disminuyan los accidentes en la práctica agroganadera. Es un real decreto que, para Montero, contribuye a la «progresiva adaptación» del parque de maquinaria agrícola a los «compromisos medioambientales y climáticos».

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) remarcó, en un comunicado, que el fin de la norma es «caracterizar la maquinaria agrícola y regular las condiciones básicas para su inscripción en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA), fomentando así la seguridad, el respeto medioambiental y la transparencia».

DE OTROS PAÍSES/ Además, para evitar la incorporación de maquinaria que produzca altos niveles de contaminación, la norma prohíbe la inscripción de aquellas unidades procedentes de otros países que no tengan estructura de protección homologada o cuya fecha de puesta en servicio sea anterior a la entrada en vigor de la normativa europea de emisiones de gases y partículas contaminantes.

Para el ministerio, el citado registro es un instrumento de «gran utilidad» a la hora de analizar el parque de maquinaria y de establecer las diversas líneas de ayudas a su modernización.

En este sentido, el real decreto aprobado establece el procedimiento para que las comunidades autónomas, previa notificación al interesado, den de baja las máquinas que no estén en uso, ya que muchos titulares no lo hacen, aun cuando han sido achatarradas.

El texto introduce las bases para crear una marca de calidad voluntaria para las máquinas agrícolas, en función de sus prestaciones, eficiencia agronómica y protección ambiental, lo que potenciará el uso de las máquinas que sean más eficientes desde un punto de vista agronómico y energético.