El cacereño Antonio Montero acaba de defender su Trabajo de Fin de Máster bajo el título de ‘Retos y desafíos de la nueva reforma de la PAC’, con el que ha obtenido un ‘sobresaliente’. Es, por tanto, una voz autorizada para hacer una radiografía de la situación de la que están pendientes los profesionales del campo. El letrado en ciernes agradece a Florencio Quirós Rosado y a Cayetana Santaolalla Montoya el apoyo en la realización de su estudio.

-¿Qué nos estamos jugando ahora en la negociación de la nueva PAC?

-Pues fundamentalmente más austeridad presupuestaria, enfocarnos más al desarrollo rural y la protección de los pequeños agricultores y ganaderos dentro de la cadena de suministro agroalimentario. Todo esto está reflejado en la nueva directiva de la Unión Europea 2019/633, relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario.

-Es esta la séptima reforma de la PAC. ¿Cómo puede afectar a los agricultores y ganaderos extremeños?

- Las comunidades autónomas, a través de sus organismos pagadores y basándose en los Planes Estratégicos Nacionales aprobados por el Gobierno, deberán cumplir con los objetivos que les marque el Ejecutivo y adaptarse a esas reglas. Ahora la UE ha decidido pasar el protagonismo al Gobierno para que en cada región tan solo se tengan que aplicar las órdenes de éste. Extremadura tiene sus organismos pagadores a través de los que los profesionales del campo solicitan ayudas. Es cierto que en algunas autonomías se han opuesto al gran recorte presupuestario de la PAC. Hemos de tener en cuenta que la Unión Europea está atravesando una gran crisis con un agujero presupuestario enorme, debido precisamente a esas políticas de austeridad. Hay que poner el foco en los países más pobres, como Bulgaria y Rumanía, que necesitan más dinero que España, Francia o Italia. El Brexit va a hacer mucho daño.

-¿La salida de Reino Unido de la Unión Europea va a afectar a los agricultores y ganaderos extremeños?

-A la Política Agraria Comunitaria sí, sin duda, pues conlleva un recorte presupuestario, que es uno de los temas por los que los profesionales del campo se están quejando, junto con los bajos precios y las cláusulas abusivas. A partir de ahora saldrán importantes sentencias del Tribunal Supremo sobre este tema. Hay muchas lagunas jurídicas que es preciso resolver y aclarar. España tiene que trasponer la directiva 2019/633 por medio de leyes orgánicas, decretos leyes o el instrumento normativo que determine el Gobierno.

-¿Cuáles son las principales conclusiones de su investigación?

-Yo estoy de acuerdo con la doctrina, que apoya la existencia de un cuarto sector formado por agricultores y ganaderos que debe ser protegido dentro de la cadena de suministros. Hay que reforzar la posición del mundo agrario a través de leyes que los protejan. Por ejemplo, existen muchas lagunas jurídicas en los contratos. La Comisión Europea ya exige contratos expresos y firmados por escrito, no verbales, ya que estos pueden propiciar abusos y vulneración de derechos de los agricultores y ganaderos.

-Actualmente agricultores y ganaderos están en el foco mediático ¿Cree que sus reivindicaciones son justas?

-Sí. Tenemos como antecedentes las sanciones que se están imponiendo desde Estados Unidos y las decisiones de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Ésta última persigue la erradicación de las ayudas proteccionistas a los pequeños agricultores a través de subvenciones. Los recortes de la PAC están también determinados por los de la OMC, organización que a su vez está presionada por los Estados Unidos.

La Comisión Europea persigue a los grandes terratenientes que no cultivan sus fincas, reciben subvenciones pero no las aplican. Con esta reforma de la PAC se quieren poner controles más estrictos y habrá mecanismos confidenciales por los que los agricultores y ganaderos puedan denunciar a quienes no cumplen con la normativa y cobran ayudas indebidamente.

-Alguna vez se acabarán las ayudas de todo tipo.

-Si se siguen a rajatabla las recomendaciones de la OMC puede que así sea. Yo creo que la Unión Europea tendrá un serio problema a la hora de enfocar estos problemas, porque a medida que eliminamos ayudas y subvenciones, y sigue firmando acuerdos multilaterales con otros países, muchas fincas se abandonarán porque ya no rentarán a sus propietarios. O refuerzan al sector primario en la cadena de suministros o habrá muchos conflictos jurídicos, por ejemplo, con las herencias en fincas abandonadas.