Badajoz, Cáceres y Mérida, las tres ciudades más pobladas de la región, suponen menos de un 0,8% de los municipios extremeños, pero la proporción de beneficiarios de la Política Agrícola Común (PAC) que reside en ellos multiplica casi por nueve esa cifra y la de fondos que perciben lo hace por más de 18. Es lo que muestran los resultados de un estudio elaborado por la Fundación Savia sobre cómo se distribuyen en España estas ayudas europeas para el campo.
De acuerdo a este informe, en Extremadura las subvenciones de la PAC se reparten entre tres núcleos urbanos o grandes ciudades (un 0,78% del total de localidades de la comunidad), 36 ciudades intermedias (9,3%) y 347 pequeños pueblos (89,9%). La situación cambia mucho si lo que se considera es el domicilio de los beneficiarios. Los 3.232 que residen en espacios urbanos representan el 6,8% del total, mientras que los 13.243 que viven en ciudades intermedias son el 27,8% y los 31.120 que lo hacen en pequeños pueblos bajan su representatividad hasta el 65,4%.
Pero es tomando como referencia el montante de las ayudas cuando el diferencial crece más. Los tres mayores municipios extremeños reciben 88,7 millones de euros (14,3% del conjunto), frente a los 225,2 millones de los de carácter intermedio (36,3%) y a 305,7 millones que van a parar a núcleos rurales, algo menos de la mitad del total.
«Haciendo una rápida relación entre los datos, puede verse como, a pesar de que las ayudas de la PAC van destinadas en su inmensa mayoría a pequeños núcleos rurales, hay proporcionalmente menos beneficiarios que son residentes en estos pequeños pueblos y que, en la práctica, sólo el 49,35% del dinero va destinado a esos pequeños núcleos rurales», explica Antonio Aguilera, secretario de la Fundación Savia. Y a la inversa, precisa, en Extremadura únicamente hay tres grandes núcleos urbanos que reciben ayudas de la PAC, pero en ellos reside cerca del 7% de los perceptores «que acaparan el 14,3% de los fondos».
Reparto cuestionable
«No podemos llegar desde luego a saber específicamente qué concepto y destino es el de cada euro y lo que hace cada beneficiario con ellos, pero en términos globales sí que se puede evidenciar y concluir que el presupuesto de la PAC puede que no se esté destinando al territorio como en justicia y por su propia definición debería hacerse», concluye.
En el ámbito nacional, los resultados del estudio van en esta misma línea. En el año 2018, las grandes ciudades contaban con el 2,7% de las explotaciones beneficiarias de la PAC, los municipios intermedios con el 13,7% y los pequeños pueblos con el 83,5%, si bien en términos del domicilio de sus beneficiarios los porcentajes eran del 13,8, el 33,8 y el 52,4, respectivamente.
En relación a las cuantías de las subvenciones, a las ciudades más pobladas se derivó una quinta parte del total de fondos (20,2%), a los municipios intermedios el 31% y a los pequeños pueblos el 48,9%. «Esa es la realidad de la antigua definición de la PAC, que necesita replantearse para asignar los fondos de manera más justa. Porque la PAC que ahora termina es injusta con ciertos sectores productivos muy importantes, como son la ganadería extensiva, la dehesa o el olivar de secano y montaña, por ejemplo. Es injusta en tanto que asigna menos recursos a los territorios más pobres, paradójicamente, los que más necesitan del respaldo público», asegura Francisco Casero, presidente de la Fundación Savia, en una carta remitida a inicios de este mes al presidente de la Junta de Andalucía (comunidad donde tiene su sede la entidad), Juan Manuel Moreno Bonilla.
