Secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores
TDteben ser la agricultura y la ganadería sectores estratégicos?. Esta es la pregunta que la Unión Europea debe responder en los próximos meses. Si se hubiera formulado durante la revisión de la Política Agraria Común que se realizó durante el año 2003, nadie apostaría ni un solo euro por una respuesta afirmativa; en cambio ahora las cosas deberían ser distintas.
La situación actual de los mercados mundiales y las preocupantes previsiones sobre la evolución de la población mundial y la producción de materias primas deberían hacer reflexionar a todos aquellos que han despreciado la principal labor que realizan los agricultores y ganaderos europeos, y por lo tanto también los españoles y, en nuestro caso, los extremeños: la producción de alimentos.
Cabe recordar que la Unión Europea surgió por y para asegurarse un nivel mínimo de abastecimiento de alimentos. Sin embargo, en la actualidad nos encontramos en una situación nueva. El aumento continuado de la población mundial no se ha visto acompañado de un incremento de la producción en términos similares, lo que ha provocado tensiones muy destacadas en una amplia gama de alimentos. En estos momentos no parece tan fácil compensar la pérdida de producciones europeas mediante importaciones de terceros países, que ante el riesgo de aumentos descontrolados de la inflación interna, apuestan por la limitación de sus exportaciones.
En este nuevo escenario, la comisaria de Agricultura, Mariann Fischer Boel, nos ofreció el pasado 20 de mayo un conjunto de medidas que suponen una continuación de aquellas acordadas en el año 2003, y que hoy podemos comprobar que no han servido para evitar la denominada crisis mundial de los alimentos. Pretende la Comisaria convencernos de que el recorte de ayudas a los agricultores y ganaderos, la desvinculación de todas las ayudas específicas de la producción y la eliminación de cualquier mecanismo de regulación de mercados, va a provocar un aumento de la producción agraria y va ayudar a superar dicha crisis. Permítanme que lo dude.
El recorte de ayudas a los ganaderos y agricultores, haciendo un uso nefasto del concepto de modulación, no diferencia realmente a aquellos que viven y trabajan en el campo. El desacoplamiento de todas las ayudas de la producción difícilmente anima al mantenimiento del mosaico de cultivos que hemos tenido tradicionalmente en España. Como ejemplo tenemos la reducción de superficies de cultivos tan nuestros como las leguminosas, la remolacha o el algodón, cuyas ayudas específicas están total o parcialmente desacopladas. La eliminación de los mecanismos públicos de gestión deja a las materias primas a los vaivenes del mercado, mientras las entidades financieras ofrecen suculentos beneficios a sus clientes por especular con fondos de inversión relacionados con dichas materias primas.
Nos enfrentamos al desmantelamiento del sector agrario europeo, justo en el momento en el que la sociedad europea más lo necesita. Alguien puede pensar que las tensiones existentes en el mercado en los últimos meses favorecen a los agricultores y ganaderos. Por el contrario, los productores de alimentos vemos como nuestros costes de producción (gasóleo, fertilizantes, etcétera) se duplican en pocos meses mientras que nuestros productos tienen un valor más reducido y el consumidor paga mucho más por ellos. Ganan los de siempre y perdemos la mayoría.
La inflación en los diferentes estados miembros está sufriendo importantes incrementos, principalmente motivados por el precio de los alimentos y de la energía. Nuestra dependencia energética nos hace muy vulnerables a la escalada de los precios del petróleo. El desmantelamiento de la PAC puede provocarnos una dependencia de alimentos que en la actualidad no padecemos.
Es un buen momento para recapacitar y revisar aquellas propuestas que no favorezcan un aumento de la producción de alimentos. Los grandes perjudicados por las tendencias liberalizadoras de la Comisión Europea no solo serán los agricultores y ganaderos europeos. La sociedad europea en su conjunto, alrededor de 500 millones de personas, se merecen una política alimentaria estable, que atienda a sus necesidades.
