La Argentina viene bailando peligrosamente al compás de una danza inflacionaria que el Gobierno de Cristina Fernández de Kichtner no puede oír. Para el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), vinculado e intervenido desde el Ejecutivo, el vertiginoso aumento de los precios de marzo no ha existido. El coste de la vida comprobado fue apenas del 1,1%, mientras las estimaciones del sector privado triplican esas cifras y la percepción de los ciudadanos es de escándalo.

Según el Indec, el kilo de pan cuesta 2,88 pesos (0,57 euros). Sin embargo, su valor real es de 6 pesos (1,2 euros). ¿Y qué decir de la carne, un plato obligado de la dieta nacional argentina? Los cálculos oficiales indican que la famosa tira de asado se podría comprar por 9,82 pesos (1,9 euros). Los más afortunados pagaron hasta un 70% por encima de esa cantidad.

EFECTOS DE LA HUELGA Hace apenas unas semanas, Buenos Aires estaba prácticamente desabastecida como consecuencia de la huelga de los productores agropecuarios. Por esos días, productos de primera necesidad como las verduras y la carne valían el precio del oro. Vino la tregua política. Volvieron los alimentos a la ciudad.

Pero muchos precios no se movieron de las alturas. El efecto inflacionario de la protesta no ha sido tomado en cuenta por los fantasiosos técnicos del Indec encargados de medir su evolución. "Es obvio que el dato suministrado por el Indec es totalmente contradictorio y no refleja de ninguna manera la realidad de los consumidores cuando van a hacer las compras todos los días", advierte Susana Andrada, del Centro de Educación al Consumidor (CEC). El descrédito ya ha traspasado fronteras. El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial se han ocupado de señalar las falacias. Es difícil encontrar en las calles de Buenos Aires a una persona que todavía crea en los números oficiales. El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, dijo hace unos días, con un aire de tribulación: "Siento que se ha instituido la idea de que acá hay una falsificación de los datos".

EL COSTE POLITICO La incredulidad social tiene un coste político que el Gobierno no parece advertir en toda su magnitud. El economista Ernesto Kirtz considera que si la inflación anual termina siendo del 20%, como se prevé, el salario real de los argentinos descenderá. Y eso impacta fundamentalmente en los sectores sociales menos favorecidos. El encuestador Artemio López calcula que, por cada punto de inflación, 150.000 personas pasan a ser pobres en un país en el que el 30% de la población todavía la padece.

De acuerdo con el Indec, una familia necesitó reunir el mes pasado 982,38 pesos (unos 196 euros) para superar la línea de la pobreza. Eso significa un alza de 1,2% frente a febrero. Los economistas privados manejan otras cifras. Para no caer en la pobreza se requieren 1.300 pesos (260 euros).

"Después de cinco años de crecimiento del producto interior bruto (PIB) a tasas chinas (del 9%), ¿los logros sociales del modelo se agotaron?", se preguntaba recientemente el diario Critica en su editorial. Desde su punto de vista, las metas de la presidenta de reducir la pobreza en un dígito en el 2010 no tienen sentido a estas alturas. Por más que el Indec las imagine.