Los países de la UE intentarán llegar a un acuerdo el próximo día 19 sobre la imposición de nuevos requisitos para autorizar los pesticidas, que rechazan tanto las industrias fitosanitarias como los agricultores. El Consejo de Ministros de Agricultura tratará de consensuar una nueva regulación sobre la comercialización de productos fitosanitarios (protección de las plantas), que después deberá aprobar también el Parlamento Europeo, pues en este asunto tiene poder de decisión.

En las discusiones, la Comisión Europea (CE) dice que los nuevos requisitos implicarán la retirada del mercado de entre el 6% y el 8% de las sustancias que se emplean en la fabricación de dichos productos, pero según los agricultores y las industrias, las estimaciones son muy superiores.

Los productores europeos --representados por el Copa-Cogeca-- y las industrias han apuntado que las nuevas reglas podrían implicar una reducción del 80% de las sustancias actualmente disponibles en el mercado. El proyecto de la CE, que ya fue modificado en una primera lectura por el Parlamento Europeo, incluye, entre otras medidas, criterios que excluyen ciertas sustancias de la lista de productos permitidos y garantías inferiores para que se renueven las autorizaciones. El texto que ahora está sobre la mesa incluye clasificaciones de riesgos, distinguiendo entre los pesticidas que pueden provocar enfermedades para los humanos y los animales. Según fuentes de una multinacional que fabrica fitosanitarios, la normativa es la "gota que colma el vaso" pues de las 900 sustancias que se comercializaban en 1991 ya se ha pasado a 200.

Desde el Copa-Cogeca han advertido de que este recorte hará a la agricultura europea más dependiente de las importaciones. La propuesta plantea que en un grupo de países cercanos geográficamente, por ejemplo Portugal podría decidir la prohibición de un fitosanitario vendido en España, alegando razones de seguridad.

Para España, esto puede ser una excusa para el proteccionismo, por lo que su posición es la de pedir que sea Bruselas o un comité de la UE quien decida si realmente un país puede impedir la venta del pesticida, según fuentes comunitarias.