Apesar de una larga semana de huelgas, los transportistas no lograron que el Gobierno les dejara fijar una tabla de tarifas mínimas para cubrir costes. No se trataba de una discriminación. El Consejo Nacional de la Competencia (CNC) y los servicios de competencia autonómicos están revisando de oficio multitud de convenios colectivos porque tienen evidencia de que se han pactado precios. Competencia ya ha abierto expedientes a los firmantes de los convenios de ayuda a domicilio, de los call center , de seguridad privada y estudia hacer lo mismo en el de limpieza.

Muchos profesionales reclaman en su actividad un sistema de tarifas mínimas que evite el dumping , es decir, que otros cobren por debajo de costes, pero se estrellan contra las normas europeas que fomentan la libre competencia. Solo los servicios públicos pueden cobrar según tarifa.

Ya en el 2004, la CNC multó a CCOO y a la patronal de empresas de ayuda en domicilio de Cantabria por fijar en el convenio colectivo autonómico que los trabajadores debían cobrar un mínimo de 11,5 euros por hora y 13,5 euros en el caso de que fuera nocturna.

El secretario general de la federación de servicios públicos de CCOO (FSAP), Miguel Segarra, se queja de que los empresarios "obligan a fijar una tarifa mínima salarial como condición para llegar a un acuerdo con el objetivo de nadie puje por debajo de costes cuando hay un concurso municipal".

Tanto el CNC como los servicios autonómicos de competencia se dieron cuenta que el caso de Cantabria no era único. Hace unos días, la Comunidad de Madrid abrió un nuevo expediente al convenio de ayuda a domicilio de esta autonomía por fijar precios de la hora trabajada. CCOO se defendió asegurando que esta clase de cláusulas "siempre han existido en este tipo de convenios" y que con ellas se intenta evitar "el dumping social", es decir, que la empresa pague salarios por debajo de convenio.

Pero el fenómeno ha llevado a Luis Berenguer, presidente de la CNC, a pedir que se revisen todos los convenios estatales, autonómicos y provinciales, lo que ha provocado duras discusiones con los sindicatos.

UGT y CCOO mantienen que todos los convenios tienen rango de ley y que los servicios de la competencia no pueden anularlos. En su opinión, solo los tribunales laborales pueden juzgar estas cláusulas y, si son ilegales, eliminarlas, asegura Segarra.

PRIVATIZACIONES Pero la mayor preocupación de los sindicatos es que, con la privatización de los servicios públicos en los ayuntamientos, se han visto obligados a firmar muchos convenios que fijan tarifas mínimas. Saben que los empresarios tratan de protegerse en los concursos pero ellos afirman que deben salvaguardar los ingresos de unos trabajadores que, en muchos casos, antes eran funcionarios. Son acuerdos laborales creados exprofeso en el tránsito a manos privadas de estos servicios públicos (hospitales, empresas de limpieza y colegios). Tal es la preocupación de CCOO que ha pedido la creación de un grupo de trabajo formado por la Comisión Consultiva de Convenios Colectivos y por el CNC.