Las cuentas que hace un par de años hicieron las cementeras sopesando la cantidad de toneladas de harinas cárnicas que destruirían en sus hornos y los beneficios que por ello obtendrían no cuadran. Un desajuste destapado por las propias industrias del cemento que refresca el delicado asunto de la encefalopatía espongiforme bovina (EEB), o enfermedad de las vacas locas , y que ha despertado dudas en algunos sectores sobre la actuación de los ganaderos, mataderos, fábricas transformadoras o incluso las instituciones.
La chispa saltó hace pocos días desde la Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (Oficemen) cuando su director general, Rafael Fernández, aseguró que de las 400.000 toneladas de harinas cárnicas que se supone deberían destruir las cementeras españolas anualmente, sólo se incineran unas 60.000 apuntando, además, que podrían estar siendo "reutilizadas de forma fraudulenta" para la alimentación de ganado.
Ni la organización agraria extremeña UPA-UCE ni COAG Extremadura conocen el destino de esa cantidad de toneladas que se pierden por el camino, el 85% de lo previsto cada año. Una cifra bastante elevada para pasar inadvertida, aunque ambas organizaciones coinciden en asegurar que los ganaderos están al margen de cualquier posible fraude y que los organismos oficiales llevan un exhaustivo control para que esas harinas no terminen en los piensos que alimentan al ganado. "Bastante hemos pasado el sector como para que se siembre ahora alguna duda. Somos los principales interesados en que todo esté muy claro", asegura José Cruz, representante de UPA-UCE.
UNA DUDA "INMORAL"
Luis Cortés, representante de COAG en la región, llegó a advertir el pasado viernes a Oficemen que si no retira las acusaciones que afectan a los ganaderos, su organización pondrá una querella contra esta agrupación. Para Cortés, es "inmoral" dejar entrever que los ganaderos están derivados harinas cárnicas para su utilización como piensos, ya que los profesionales del campo, sostiene, son los primeros interesados en que esto no ocurra y en que no se levanten sospechas infundadas sobre su actuación.
La Junta, por su parte, elude pronunciarse sobre el asunto cuando una vez conocida la denuncia de Oficemen, EL PERIODICO EXTREMADURA solicitó a este organismo información sobre sus responsabilidades en el control del destino de las harinas cárnicas.
Oficemen no señala directamente a ningún sector como responsable de esta pérdida, tal y como reconoció a este medio de comunicación, aunque su denuncia lleva implícita una relajación en el control sobre la destrucción de harinas cárnicas.
La recomendación de destruir las harinas cárnicas en los hornos de las cementeras, que alcanzan los 2.000 grados de temperatura, llegó de la mano de Franz Fischler, comisario europeo de Agricultura, con el fin de frenar la alerta por la posible transmisión de la enfermedad de las vacas locas al utilizar este producto en los piensos.
El Ministerio de Agricultura, las comunidades autónomas, organizaciones agrarias, cementeras, fabricantes de harinas y de mataderos y carniceros acordaron una especie de trabajo en cadena para la destrucción en las incineradoras de estas harinas. Pero parece ser que al último eslabón no le llega lo acordado.
En este convenio era donde se recogía que la cantidad de harinas cárnicas que debían destruir las cementeras era de unas 400.000 toneladas anuales. Para ello pusieron a punto sus hornos haciendo una serie de reformas en los que invirtieron cerca de 1,8 millones de euros (unos 300 millones de pesetas) que pensaban amortizar con la incineración de harinas al ganar 12 de las antiguas pesetas por kilo destruido. Una amortización que, aseguran, aún no se ha producido "cuando en Francia las cementeras no dan abasto para incinerar las harinas cárnicas, aquí estamos parados", denuncian.
