Un grupo de 11 países, encabezado por Alemania, Francia e Italia, reclamó ayer un endurecimiento del proyecto de directiva sobre retorno de los inmigrantes irregulares, e impidió su aprobación. El internamiento de los inmigrantes irregulares, prorrogable hasta un máximo de 18 meses previo a su expulsión, obtuvo el respaldo general en la reunión de los embajadores de los Veintisiete en el Consejo de la UE. El proyecto intenta crear un marco común de procedimientos y garantías para la expulsión de los sin papeles que ya están en la UE y no afecta a la expulsión en frontera, ni a los refugiados.
El proyecto obtuvo el respaldo de España, Suecia, Holanda y Luxemburgo, pero chocó con las exigencias de más dureza de 11 países, que consideraron que el periodo de retorno voluntario de los sin papeles de 7 a 30 días era demasiado largo y rechazaron que los inmigrantes irregulares deban recibir asistencia jurídica gratuita.
