Unos 60.000 estudiantes universitarios y secundarios, acompañados de padres y profesores, recorrieron hoy de nuevo las calles de Santiago de Chile en vísperas de cumplirse el plazo que dieron al Gobierno para que acepte sus demandas de reforma y mejora del sistema educativo.

Según la policía de Carabineros, unas 60.000 personas acudieron a esta marcha, mientras que el alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, rebajó esa cifra a 40.000 y la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech), Camila Vallejo, la elevó a 100.000. Los manifestantes se congregaron hacia las diez de la mañana en la Universidad de Santiago y marcharon en un ambiente festivo y pacífico por varias calles situadas al sur de la Alameda, la principal avenida de la capital.

Una hora después la cabecera de la manifestación llegó al Parque Almagro, a unas seis manzanas del Palacio de la Moneda, donde grupos de encapuchados protagonizaron algunos incidentes.

El Gobierno y los estudiantes consensuaron ayer este recorrido tras la negativa de las autoridades a permitir una nueva marcha desde Plaza Italia por la Alameda hasta llegar frente a La Moneda, tal como querían los jóvenes y como ya habían hecho los días 16 y 30 de junio y 14 de julio. El Ejecutivo prohibió dos manifestaciones convocadas el pasado jueves en esa misma avenida, pero ese día los estudiantes desafiaron la restricción y la policía cargó para dispersarles, en una violenta jornada en la que hubo 874 detenidos en todo el país.

La pasada noche hubo también algunos disturbios en nueve puntos distribuidos en tres comunas (municipios) de la ciudad y fueron detenidos seis menores de edad que estaban instalando barricadas. La mañana de hoy se registraron altercados en otros tres puntos, aunque no hubo detenidos, según explicó en Radio Cooperativa la intendenta (gobernadora) de la Región Metropolitana, Cecilia Pérez. Para las 21.00 horas de hoy (01.00 GMT del miércoles) se han convocado nuevos "cacerolazos" de protesta que ya sonaron la semana pasada.

Los jóvenes comenzaron estas movilizaciones a mediados de mayo para exigir que el Gobierno vuelva a administrar la educación primaria y secundaria, que se prohíba a las instituciones privadas lucrarse con la educación y que se garantice en la Constitución el derecho a una educación pública, gratuita y de calidad. La semana pasada, el ministro de Educación, Felipe Bulnes, propuso una serie de medidas para frenar las movilizaciones, pero éstas fueron rechazadas por los dirigentes estudiantiles, que le dieron de plazo hasta este miércoles para que "recapacite" y acepte las demandas esgrimidas por el movimiento estudiantil.