"Es innegable que las acciones del partido enjuiciado constituían un peligro abierto y cercano para la vida democrática". Esta era una de las frases con las que el Tribunal Constitucional inició su justificación de la sentencia sobre la petición de ilegalización del Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD, islamista moderado) del primer ministro Recep Tayyip Erdogan por haberse convertido supuestamente en un "foco de actividades antilaicas". A pesar de que el fallo fue en julio, los jueces esperaron hasta ayer para hacerlo público.
En julio, la Turquía política contuvo el aliento al conocer el resultado de la votación: el PJD se salvó por un voto. Así que los jueces decidieron reducir a la mitad los fondos públicos de financiación del partido.
Ayer se conoció su razonamiento, y fue muy crítico con la política del Gobierno, especialmente por la reforma constitucional destinada a permitir el libre uso del velo en las universidades, también revocada por el Constitucional. Pero esto no es de extrañar en Turquía si se tiene en cuenta que la cúpula judicial está integrada por el sector más duro del kemalismo (nacionalismo-laico), que teme perder los privilegios ante la pujante burguesía musulmana y neoliberal a la que representa el PJD.
Por eso, lo más llamativo fue que, por primera vez, reconoce el esfuerzo del Gobierno de Erdogan en adaptarse a la legislación de la Unión Europea (UE), de la que Turquía opta a ser miembro. Y esa es una de las razones que esgrime el tribunal para no haber aceptado la ilegalización. De hecho, Bruselas se había opuesto firmemente a la posibilidad de que fuese ilegalizado.
Aun así, Erdogan ya avisó esta semana de que pretende modificar los poderes de la corte constitucional para evitar que anule decisiones como la relativa al uso del velo, aprobada por una amplia mayoría del Parlamento. "El Tribunal Constitucional no puede estar por encima de la Constitución", sentenció.
