Durante la campaña electoral, Emmanuel Macron prometió un sistema universal de jubilación donde un euro cotizado diera los mismos derechos a todo el mundo. También se comprometió a no modificar la edad legal de jubilación (62 años) y a mantener el nivel de las pensiones.

En Francia existen 42 regímenes de jubilación, con sus especificidades y administrados de manera independiente. El resultado es que los jubilados que han cotizado a distintos fondos cobran varias pensiones de diferentes organismos. La fórmula propuesta por el Gobierno es convertir las cotizaciones en puntos, de manera que estos se acumulen a lo largo de la carrera y sirvan de base para calcular la pensión. Nunca se ha barajado un sistema por capitalización en el que los ahorros del trabajador financien su jubilación futura.

La reforma seguirá basándose en un sistema de reparto y tendrá ganadores y perdedores. Entre los primeros, según los cálculos del diario Le Monde, los activos con carreras interrumpidas o periodos de actividad cortos, como las mujeres o los estudiantes que trabajan unas horas a la semana. Entre los segundos, los funcionarios y los beneficiarios de los regímenes especiales, como los trabajadores de la empresa estatal del ferrocarril (SNCF) o de transportes de Paris (RATP).

PENSIÓN MEDIA / Según la Dirección de investigación, estudios, evaluación y estadísticas (Drees), en 2017 la pensión media de los franceses era de 1.422 euros brutos mensuales. Pero el sistema, en un contexto de envejecimiento de la población, es deficitario (2.900 millones de euros, el 0,1% del PIB en 2018) y el Consejo de Orientación para la jubilación (COR) alerta de que el agujero podría ser de entre 7.900 y 17.200 millones en el 2025.

El texto de la reforma no es definitivo y el Gobierno deja la puerta abierta a posponer su aplicación, según el diario económico Les Echos. Si hasta ahora barajaba una entrada en vigor en 2025, esta fecha podría retrasarse 10 años. Es decir, que el nuevo sistema se aplicaría a los nacidos después de 1973.

Mientras uno de los sindicatos convocantes de la huelga, la CGT denuncia que Macron ha decidido «destruir por pura ideología uno de los mejores sistemas de pensiones del mundo» y cuestionar el «principio de solidaridad» en el que se basa la protección social, algunos expertos consideran que si el sistema no se reforma corre el riesgo de hundirse.

REALIDAD DEL SIGLO xxi / «El régimen actual no está adaptado a la realidad del trabajo del siglo XXI. Si la gente desconfía y decide ir hacia una capitalización, todo el sistema de pensiones se hundirá. Hay que reformarlo para hacerlo justo y fiable para todos», sostiene Anne Marie Guillemard, profesora emérita de la Universidad de París.

El presidente logró aprobar al inicio de su mandato la flexibilización del mercado laboral y la reforma de la sociedad estatal de ferrocarril (SNCF) . También suprimió parcialmente el impuesto a las grandes fortunas, modificó el sistema de recaudación de impuestos y reestructuró la formación profesional y la prestación por desempleo.

La supresión de 120.000 puestos de funcionarios; la reforma global de la esfera pública, el aumento de la fiscalidad verde de los carburantes (tras el estallido en 2018 de la crisis de los chalecos amarillos) y la rebaja de la deuda y el déficit público no han visto la luz. La intención de reducir en un 25% el número de parlamentarios se mantiene.

Además de las pensiones, se tramita la ley de bioética que amplía la reproducción asistida a todas las mujeres, la creación de un servicio cívico nacional, una norma para luchar contra el despilfarro de alimentos, la tasa a las grandes tecnológicas (GAFA), la reforma del sector audiovisual público o la privatización de los Aeropuertos de París.