El Gobierno de Afganistán estudia reintroducir en el código penal la lapidación para castigar el "crimen moral" de cometer adulterio, según ha denunciado este lunes la organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch.
El borrador del nuevo código que prepara el Ministerio de Justicia afgano, según HRW, estipula que si un hombre o una mujer casados son descubiertos en una relación sexual fuera del matrimonio serán condenados a la lapidación pública. Además, especifica que en el caso de que el adúltero no esté casado el castigo será de 100 latigazos.
"Es escandaloso que 12 años después de la caída del Gobierno de los talibanes, la Administración de Karzai pueda reintroducir la lapidación como castigo", ha afirmado el director de HRW en Asia, Brad Adams, en un comunicado. "El presidente Karzai necesita demostrar al menos un compromiso básico con los derechos humanos y rechazar esta propuesta", ha añadido.
La lapidación se utilizó como castigo durante el Gobierno de los talibanes entre mediados de los años 90 y el 2001, cuando fueron derrocados por las fuerzas internacionales. El actual código penal afgano, que data de 1976, no establece este método como castigo legal, aunque en algunas zonas bajo influencia talibana todavía se impone en la actualidad.
CUATRO TESTIGOS
"Estamos trabajando en un borrador del código penal de la 'sharia' en el que el castigo por adulterio, si hay cuatro testigos oculares, sea la lapidación", ha confirmado Rohullah Qarizada, integrante de la comisión encargada de redactar el proyecto.
Por su parte, HRW ha exigido a los donantes internacionales que manden un mensaje a Karzai para que evite la inclusión de esta práctica en el marco legal afgano. "Los donantes deben dejar claro que el apoyo internacional al Gobierno de Afganistán no es un cheque en blanco", ha afirmado Adams, que ha agregado que la ayuda no debe financiar "el regreso a los abusos de los talibanes".
El mes pasado, Noruega decidió cortar la ayuda a Afganistán al considerar que no había cumplido sus compromisos en la protección de los derechos de las mujeres y en la lucha contra la corrupción, pero la mayoría de países donantes no han seguido sus pasos.
