Esta semana ha vuelto a cambiar la versión oficial sobre cómo murieron el 4 de octubre en una emboscada de militantes islamistas en Níger cuatro soldados estadounidenses y cinco nigerinos. Hasta que acabe la investigación interna del Pentágono no habrá versión definitiva, pero de momento algo ha quedado claro: aunque los fallecidos formaban parte, como se explicó inicialmente, de una patrulla de reconocimiento, se les había pedido que estuvieran preparados para ayudar a otro equipo de comandos estadounidenses, franceses y nigerinos que realizaban una operación clandestina para matar o capturar a un terrorista vinculado tanto a Al Qaeda como al Estado Islámico.

La muerte de los soldados y las revelaciones sobre la otra operación secreta han vuelto los focos sobre las acciones militares de Estados Unidos en África, donde Washington lleva años incrementando su presencia y también combatiendo el terrorismo con una guerra en la sombra. Esa guerra, que se abrió en la presidencia de George Bush tras el 11-S y Barack Obama intensificó, ha entrado en una nueva fase con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.

Presencia creciente

EEUU tiene cerca de 6.000 militares desplegados en África, 800 de ellos en Níger, donde está construyendo la que será su segunda base más importante en el continente (tras Camp Lemonnier en Yibuti), con capacidad para albergar los drones más sofisticados (de reconocimiento y también ataque). Y según datos de AFRICOM, el mando establecido en 2007 que dirige desde Alemania las operaciones, esas tropas han pasado de los 172 ejercicios, programas y acciones por año de hace una década a realizar unos 3.500, prácticamente 10 al día.

Aunque buena parte de los militares están desplegados con el propósito de entrenar y asistir a fuerzas locales; para realizar o apoyar misiones de espionaje, vigiliancia y reconocimiento o para operar instalaciones desde las que se lanzan drones en misiones en países como Yemen, conviven con un número creciente de miembros de cuerpos de operaciones especiales como SEALS de la Marina y Boinas Verdes del Ejército de Tierra. Según datos publicados por Nick Turse, autor y periodista especializado en África, al menos el 17% de los comandos de élite de EEUU repartidos por el mundo están desplegados en el continente (hace una década el porcentaje era 1%). Y el mando de esas operaciones especiales, el brigadier general Donald Bolduc, reconoció según Turse en una conferencia en 2015 que operan “en la zona gris entre la paz y la guerra tradicionales” y en un "ambiente operativo volátil, incierto, complejo y ambiguo”.

Es evidente que se están diluyendo las fronteras de las misiones que se libran en Yibuti, Libia, Camerún, Uganda o Chad (Somalia se designó en marzo zona de actividades hostiles”, dando a los militares estadounidenses más latitud para atacar). Y aunque en Níger AFRICOM ha insistido que “los militares de EEUU no tienen misión activa de combate directo”, lo ocurrido el 4 de octubre apunta a otra realidad, la misma que hace que desde 2001 hayan fallecido al menos 36 soldados estadounidenses en África.

Nueva estrategia, nuevo escrutinio

James Mattis, el general que Trump ha puesto al frente del Pentágono, ha explicado en sesiones informativas a dos senadores republicanos la nueva estrategia de la Administración, que incluye el aumento de uso de fuerza letal para perseguir terroristas. Tal y como la resumió Lindsay Graham, uno de esos senadores, la estrategia se resume en que “vamos a ver más acciones en África, no menos. Vamos a ver más agresión de EEUU a nuestros enemigos, no menos. Vamos a tener decisiones tomadas no en la Casa Blanca sino en el terreno”.

Lo sucedido en Níger, donde Trump ha reconocido que “no había autorizado específicamente” la misión, es muestra del nuevo modus operandi de una Administración en la que el presidente aún tiene vacío el puesto de director para África en el Consejo de Seguridad Nacional y donde el máximo responsable del continente en el Departamento de Estado es un interino.

Pero Níger también ha reabierto el escrutinio en el Congreso y entre los ciudadanos. Aunque Trump está amparado por la Resolución de poderes de guerra que se aprobó tras el 11-S, un número creciente de congresistas reclaman más información y un debate para renovar la Autorización de Uso de Fuerza Militar.