Los varapalos que las autoridades estadounidenses están dando a la legalidad jurídica, en su lucha contra el terrorismo en su territorio, han hecho que crezcan las llamadas de alerta, que llegan incluso del propio estamento judicial. El viernes el juez del Tribunal Supremo Stephen Breyer auguró un aumento de casos que van a cuestionar hasta dónde ha llegado la Administración.

"Sabemos que el terrorismo es un problema pero también que vivimos en un país que quiere proteger las libertades civiles", dijo el juez del alto tribunal, donde están pendientes casos sobre los derechos de los presos de la guerra de Afganistán en Guantánamo (Cuba) y las vistas cerradas en casos de deportación.

También el viernes la juez del caso contra Zacarias Moussaoui --acusado de participar en la organización de los atentados del 11 de septiembre del 2001-- se confesó "alarmada" por el uso excesivo de material clasificado. La magistrada Leonie Brinkema denunció que se está evitando que Moussaui, que se representa a sí mismo, pueda hacerlo de forma justa y puso en duda que "el Gobierno fuera capaz de perseguir este caso en un tribunal abierto".

Las opiniones de Brinkema se difundieron en un momento crucial del proceso, después de que los fiscales apelaran una orden de la jueza en la que garantiza a Moussaoui el acceso al detenido Ramzi Binalshibh, un presunto dirigente de Al Qaeda. Según Moussaoui, Binalshibh tenía conocimiento de que éste no estaba involucrado en el 11-S.

La noticia de que el ingeniero informático estadounidense Maher Hawash lleva 15 días detenido en una prisión federal sin que se hayan formulado cargos en su contra sólo ha ayudado a incrementar las denuncias de las asociaciones de derechos civiles.