Alemania y Holanda expresaron ayer públicamente su preocupación por el proceso de regularización de inmigrantes ilegales que comenzará en España el 7 de febrero y que puede abarcar a 800.000 personas. Durante el consejo informal de ministros de Justicia e Interior de la UE en Luxemburgo, el ministro alemán de Interior, Otto Schily, y la ministra holandesa de Inmigración, Rita Verdonk, manifestaron su temor a que esa medida pueda perjudicar a sus países y a que pueda generar un efecto llamada que atraiga a inmigrantes ilegales.
Schily argumentó que, una vez legalizados, los inmigrantes instalados en España podrán desplazarse hacia otros países de la UE. "Si ciertos países están regularizando inmigrantes ilegales, no pueden hacerlo mirando sólo su propia situación. Debería haber algún tipo de armonización desde el principio, porque esta decisión puede afectar a otros países", reiteró el ministro alemán tras la reunión. "Debemos trabajar juntos" en estos temas, añadió.
INMIGRANTES ARRAIGADOS El secretario de Estado de Seguridad español, Antonio Camacho, se esforzó en tranquilizar a Alemania y Holanda. El proceso de regularización, explicó Camacho, se limitará a los inmigrantes "que están adecuadamente integrados y que tienen una relación laboral", ya que la responsabilidad del inicio del proceso recae sobre los empresarios que los emplean. Camacho insistió en que el proceso de regularización no es masivo, sino que se realizará bajo estricto control durante un periodo de tiempo limitado.
Camacho calificó de "inteligente" la iniciativa del Gobierno español, porque al otorgar a esos inmigrantes ilegales un estatus legal se evitarán, por un lado, los abusos y la explotación laboral y, por el otro, el riesgo de que esas personas puedan caer en actividades delictivas para sobrevivir, lo que generaría problemas de seguridad.
