El Tribunal Supremo argentino derrumbó ayer los últimos vestigios del muro de la impunidad que aún quedaban al declarar inconstitucionales los indultos que beneficiaron en 1989 y 1990 a los jerarcas de la última dictadura militar (1976-1983), y a 42 oficiales de alto rango acusados de cometer graves violaciones de los derechos humanos.

En esta sentencia histórica se subraya que esos delitos, por su gravedad, "son contrarios no solo a la Constitución Nacional, sino también a toda la comunidad internacional". Por eso, para el Supremo, pesa sobre el Estado "la obligación de esclarecerlos e identificar a sus culpables".

La máxima instancia judicial se pronunció sobre un caso particular, el indulto que el presidente Carlos Menem concedió en 1989 a Santiago Riveros. "Hicimos la guerra con la doctrina en la mano", se jactaba Riveros en 1980. Había sido el comandante de Institutos Militares de Campo de Mayo, el centro de reclusión más importante que manejó el Ejército y el que menos sobrevivientes tuvo. Ahora el militar volverá a ser acusado de numerosos crímenes.

EFECTOS A CORTO PLAZO Las repercusiones del "caso Riveros" se multiplicarán y permitirán avanzar en la anulación del revulsivo perdón que Menem concedió al dictador Jorge Videla, a fines de 1990. El exgeneral, degradado en 1985, se encuentra desde 1998 bajo arresto domiciliario por su responsabilidad en el robo de bebés nacidos en cautiverio. También fue procesado por su participación en el Plan Cóndor, el operativo de coordinación represiva de los regímenes militares del Cono Sur.

Los efectos del fallo deberían sentirse a corto plazo en otras causas empantanadas por las argucias legales de los defensores de los represores. Actualmente hay más de 200 oficiales y suboficiales procesados. La ministra de Defensa, Nilda Garré, saludó el pronunciamiento del Supremo. Ricardo Gil Lavedra, exministro de Justicia y uno de los magistrados que en 1985 condenó a los dictadores, lo consideró por su parte "previsible".

En rigor, el máximo Tribunal ya había dado su primera señal en ese sentido al anular en el 2006 las leyes de Punto Final y Obediencia Debida que protegían a numerosos acusados de hechos aberrantes.

Menem, el autor de los indultos, salió no obstante a defenderlos. "Hacía falta cerrar una etapa de odios y mirar adelante, pensando en la concordia nacional", afirmó el expresidente.

El dictamen del Supremo se conoce en momentos en los que está siendo juzgado el excapellán de la policía bonaerense Christian Von Wernich, por su participación en la represión. También ha comenzado el primer juicio contra exoficiales del Ejército, por el secuestro de militantes de la guerrilla urbana Montoneros, cuando intentaron entrar al país entre 1979 y 1980. Según autoridades del Gobierno, el 2008 será el año de los grandes juicios; entre ellos figurarán las mega causas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y Primer Cuerpo de Ejército.