Los organismos defensores de los derechos humanos de Argentina celebraban ayer por partida doble los 25 años de prisión que un tribunal bonaerense le impuso a Reynaldo Benito Bignone. Es la primera vez que es juzgado y condenado un miembro de la Junta Militar que tomó el poder en 1976 desde que se derribó el muro de la impunidad, hace tres años. "Y otra cosa es importante: tendrá que cumplir el dictamen en una cárcel común", explicó el abogado querellante Pablo Llonto.

A los 83 años, Bignone se consideraba un hombre de suerte. Había quedado al margen del histórico juicio de 1984 a los comandantes que dieron el golpe de Estado el 24 de marzo de 1976. Pero no había sido un personaje menor del régimen.

Asumió la presidencia de facto el 2 de julio de 1982, tras la derrota argentina ante Gran Bretaña en la Guerra de las Malvinas. Como jefe de un Estado usurpado llegó a abrazarse con Fidel Castro en una cumbre del Movimiento de Países No Alineados, y negoció la transición hacia la democracia. El 10 diciembre de 1983 le entregó la banda presidencial a Raúl Alfonsín. Antes de la ceremonia, había ordenado la destrucción de los documentos sobre la represión y firmado una ley de amnistía y pacificación nacional, con la cual intentó protegerse y proteger a los responsables de las violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1976 y 1983.

La condena que recibió el martes está relacionada con su condición de jefe del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares. Bajo sus órdenes estaba el centro de detención clandestino que el Ejército puso en funcionamientos en la unidad militar Campo de Mayo, en la periferia bonaerense. Allí murieron miles de personas. La mayoría fue fusilada con los ojos vendados o arrojada al mar. Pero Bignone y los suyos siguen creyendo que eso fue una guerra entre el Occidente cristiano y los "elementos disolventes de la patria".

HIJO DE DESAPARECIDOS El Tribunal Oral de San Martín lo condenó junto al temible general Santiago Riveros, el exjefe de la policía bonaerense Fernando Verplaetsen, los generales Eugenio Guañabens Perelló y Jorge García, y el coronel Carlos Alberto Tepedino.

"Nos vemos obligados a soportar las fotos de las supuestas víctimas", dijo el iracundo Bignone. Una de esas víctimas es Francisco Madariaga Quintela. Hace dos meses supo que era hijo de desaparecidos. Durante el juicio escuchó repetidamente el nombre de su madre Silvia: ella murió en Campo de Mayo, bajo los dominios del general que se creía impune. "Pasa el tiempo y te chocan mucho más las historias. Lo importante hoy es que se hizo justicia por ella", dijo.